El hecho que más notoriedad pública obtuvo ocurrió un miércoles 7 de agosto de 1996 en la comunidad de Yutazaní, territorio por mucho tiempo disputado por el MULT y la Ubisort, que finalmente terminaría en poder de esta última. Ese día, como a las cuatro de la tarde varias mujeres y niños tanto de Yutazaní como de Unión de Los Ángeles, comenzaron a juntarse en los límites de esas tierras con las de San Pedro Chayuco a esperar a las mujeres de Guadalupe Tilapa. Nadie presentía nada anormal porque así lo habían hecho por muchos años. En ese lugar se esperaban para viajar juntas al mercado de Juxtlahuaca, donde vendían plátano, café y gallinas. Pero este día fue diferente. Antes de que todas las mujeres y niños se juntaran, apareció un grupo de aproximadamente veinte hombres armados del MULT con rifles y escopetas y con los rostros pintados de carbón liderado por Rufino Merino Zaragoza, Camilo Ramírez de Jesús, Pedro Martínez de Jesús, Emiliano Martínez Santos, Francisco Merino Flores, Epifanio Merino Ramírez, Amado Ortiz Domínguez, Manuel Ortiz Domínguez y Francisco Ortiz Domínguez quienes las atacaron para someterlas y una vez que lo hicieron, a unas las amarraron y a siete de ellas las violaron frente a sus compañeras. Después de cometer su fechoría se internaron en el monte y se retiraron del lugar.
Cuando los agresores se retiraron los niños se libraron de sus amarras y corrieron a la comunidad de Guadalupe Tilapa a informar de lo sucedido para que les brindaran auxilio.
Tras ellos iban las mujeres ultrajadas quienes les contaron a las autoridades con más detalle lo que los niños ya les habían adelantado. La alarma y la indignación creció entre la comunidad. Las agredidas formaban parte de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui.
Al día siguiente las autoridades de Guadalupe Tilapa se dirigieron a San Juan Copala a denunciar lo sucedido ante el Consejo Municipal, encabezado por militantes de la Ubisort. Hasta allá se presentó Raúl Marcial Pérez, periodista de la región de Tuxtepec que en ese momento se desempeñaba como asesor de la Ubisort. Fue hasta dos días después de la agresión, que se trasladó a las mujeres agredidas a San Juan Copala para que de ahí fueran a Juxtlahuaca a rendir testimonio ante el agente del Ministerio Publico. Pero las cosas se complicaron y no lograron su propósito. Ese día no pudieron viajar a Juxtlahuaca porque la Organización Obrero Campesina “Emiliano Zapata” (OOCEZ), aliada política del MULT, bloqueó la carretera en el tramo entre la región triqui y la cabecera municipal, acción que mantuvo hasta el día siguiente. Ante esa situación y como una medida para evitar que las huellas de la violación pudieran desaparecer, los dirigentes de la Ubisort convencieron a sus compañeras violadas de que se sometieran a una revisión médica en el Centro de Salud de San Juan Copala. Cuatro de ellas aceptaron lo que les proponía su organización, aunque sentían que esto representaba otra agresión sobre su intimidad. Pero era más su coraje y esperaban que con eso se allanara el camino para que se les hiciera justicia.
El 11 de agosto, el médico Benigno Raúl Ortiz Rodríguez examinó a las mujeres violadas.
En los certificados médicos asentó que a las 9:25 de ese día examinó a una niña de 16 años de edad, a quien identificó como Tina ‘N’ y que al hacerle un examen ginecológico encontró “desfloración a nivel de himen con desgarres en vulva”. Quince minutos después examinó a otra de las mujeres violadas a quien identificó como Ana ‘N’ de 20 años de edad. Su dictamen médico fue categórico:
—Se observa a nivel de himen, desfloración del mismo, así como desgarre a nivel de vulva. Diez minutos después repitió el examen con la tercera de las violadas, quien dijo llamarse Rita ‘N’, con el mismo resultado. En el certificado médico que extendió quedó asentado su dictamen:
—Se realizó examen ginecológico encontrándose las siguientes lesiones: desfloración a nivel de himen con ligeras escoriaciones a nivel de vulva.
El último examen lo realizó a las diez de la mañana de ese mismo día y, como en los casos de las mujeres revisadas con anterioridad, encontró “desgarres en vulva así como laceraciones en las caras internas de los muslos”. El dictamen fue contundente:
—Impresión diagnóstica: violación.
Cuando el procurador de justicia del estado se enteró que las mujeres violadas fueron reconocidas por el médico del Centro de Salud de San Juan Copala envío sus propios peritos a ese lugar para que realizaran otro diagnóstico, que paradójicamente, resultó contrario. Las mujeres que fueron examinadas por la mañana tuvieron que aceptar otra revisión distinta por la tarde, esta vez a cargo de los médicos Humberto Pérez Cruz e Irene Sánchez Sarmiento. A la primera que revisaron fue a Rita ‘N’ y en el certificado médico asentaron:
—Presenta lesiones en el cuerpo de menos de cinco días de evolución, que involucran piel, de naturaleza directa, que no ponen en peligro la vida, que tardan aproximadamente diez días en sanar y que no dejan secuelas. Ginecológicamente se observa que no presenta lesiones genitales recientes.
A las 14 horas examinaron a Luisa ‘N’ y concluyeron, como en el caso anterior, que no había lesiones genitales.
—Presenta lesiones en cuerpo de menos de cinco días de evolución de naturaleza directa, que involucran tejidos blandos, que no ponen en peligro la vida, que tardan aproximadamente diez días en sanar, que no dejan secuelas y no se observan lesiones genitales recientes.
La última en examinar fue Ana ‘N’, como a las 16:30 horas. Después del examen los médicos declararon:
—En el interrogatorio directo se encontró conciente, orientada en las tres esferas cognoscitivas, con aliento normal, sobria y asintomática, y en la exploración física general completa no se encuentran huellas externas de lesiones recientes.
Aunque el calvario de las mujeres violadas, apenas comenzaba. El 12 de agosto por fin pudieron presentar las denuncias ante el agente del Ministerio Público de Juxtlahuaca. Pero el asunto ya estaba envenenado. Los certificados médicos, claves en el caso para determinar si jurídicamente hubo violación o no, eran contradictorios. Los del Centro de Salud, primeros en emitirse, confirmaban la violación, los segundos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la desmentían. Todo indicaba que había interesados en que el asunto no se esclareciera. La sospecha aumentó porque días después el médico Benigno Raúl Ortiz Rodríguez, el que emitiera los exámenes positivos, fue enviado de vacaciones fuera de la región. La gente se preguntaba por que en lugar de enviar médicos el gobierno no mandó un agente del Ministerio Público especial que investigara los hechos.
Pronto los actores políticos salieron a relucir. Después de que las mujeres agredidas presentaron su testimonio ante el agente del Ministerio Público de Santiago Juxtlahuaca, el presidente municipal de ese lugar, Edmundo Reyes, de extracción priísta, declaró que las siete mujeres habían sido violadas y exigió a las autoridades correspondientes encontrar a los responsables y castigarlos. La respuesta a su petición no surgió de las autoridades aludidas sino del secretario de gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, quien desmintió al edil, al tiempo que reconocía que las pesquisas apenas comenzaban. Aún así, él emitió su veredicto.
—No hay indicios de que hayan sido violadas, sentenció. Posteriormente, el procurador general de justicia del estado, Roberto Pedro Martínez Ortiz, abonó en el mismo sentido, aunque con una posición más cautelosa.
Apoyándose en los exámenes practicados por sus peritos el 11 de agosto, reconoció que dos de las mujeres examinadas “si presentaban lesiones en su cuerpo, así como desgarros contiguos”, pero pronto reculó.
—Quiero mencionar que una de ellas ya había tenido seis hijos, entonces determinar así a simple vista si hubo o no violación es difícil, porque ya era una mujer casada y que había tenido seis partos. Entonces los médicos que practican el examen ginecológico no encuentran desgarros recientes, todos son antiguos.
Después nos enteramos por la prensa que había certificados expedidos por un médico del Centro de Salud de San Juan Copala, ordenamos al Ministerio Público que solicitara copia de esos certificados para examinarlos, pues sólo tenemos interés en encontrar la verdad. Pero los certificados inculpatorios desaparecieron de los archivos de la institución y el médico que los extendió estaba fuera de la región.
En ese raro ambiente las pesquisas continuaban más por la presión social que porque se esperara esclarecer los hechos. Diez días después de la agresión fueron enviados a la región para atender el caso los agentes del Ministerio Público Fermín Marroquín y Antonio Martínez Pérez, a quienes acompañó el médico que había examinado por parte de la procuraduría a las mujeres agredidas, Humberto Pérez Cruz.
Resguardados por un grupo de policías judiciales del Estado, dialogaron con las autoridades de la comunidad de Guadalupe Tilapa con el fin de ponerse de acuerdo para realizar la reconstrucción de los hechos. Las autoridades comunitarias ya no estaban seguras de que eso sirviera para algo y las mujeres ultrajadas habían perdido la fe en la justicia. Paradójicamente, a quien ahora le interesaba seguir con el caso era a las autoridades estatales. Lo necesitaban para calmar a la opinión pública.
Finalmente, las autoridades triquis y las mujeres agredidas aceptaron participar en la reconstrucción de los hechos. El 19 de agosto, cuando ya habían transcurrido doce días de la agresión, junto con el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se dirigieron al lugar de la agresión. Se trasladaron en camionetas hasta la comunidad de San Pedro Chayuco y de ahí caminaron hora y media hasta el lugar de los hechos. Para las mujeres representó un martirio volver a vivir los sucesos, principalmente porque durante el camino tuvieron que soportar los comentarios groseros y chistes soeces de los uniformados.
Las mujeres violadas volvieron a relatar lo que vivieron el día de la agresión, que habían repetido durante esos días a varias autoridades. El personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado hizo algunas preguntas, tomó fotografías del lugar y después se retiró.
Entre el personal interrogado estuvieron los elementos de la policía judicial que acompañaban al personal de la Procuraduría y que el día de la agresión acudieron al lugar de los hechos.
—No vimos nada anormal, únicamente los animales que se asustaron, pero al grupo armado no lo vimos; a lo mejor ellos si nos vieron pero nadie da razón , expresaron.
A su regreso se dieron cuenta que las autoridades de San Pedro Chayuco se encontraban reunidas en el Palacio Municipal de la comunidad y acudieron a preguntar si ellos habían visto algo.
—Ese día las mujeres llegaron sin novedad y después se fueron a Juxtlahuaca, como acostumbran hacerlo todas las semanas, respondieron.
Por esos días, Rufino Merino Zaragoza, dirigente del MULT minimizó el asunto.
—Fue tan sólo un invento de su asesor, Raúl Marcial Pérez, dijo. El 28 de agosto el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui se pronunció sobre el caso, a través de un documento público que suscribió junto con la Unión de Organizaciones Democráticas de Telixtlahuaca, donde acusaron al gobierno de proteger a la Ubisort.
—El solapamiento de esta banda de asesinos pone en juego la voluntad política de más de una veintena de comunidades que forman parte del MULT, las cuales están empeñadas en el desarrollo comunitario y en la paz de la región.
Como en casos anteriores, se lamentaron que mientras a nivel nacional el gobierno mexicano establecía mesas de diálogo en busca de paz “en nuestra región algunos políticos se sientan a promover la guerra”. Calificaron la denuncia de la violación de las mujeres triquis como una “actitud perversa y calumniosa” con la cual se buscaba justificar la represión en su contra. Con el paso del tiempo al asunto se lo fue tragando el olvido.
Pobladores de Santa María Apazco, Nochixtlán, se declararon ayer como municipio autónomo ante la cerrazón de las autoridades estatales para destrabar la problemática post electoral.
