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martes, 7 de febrero de 2012

Agresión y Abuso excesivo de la fuerza pública de Oaxaca contra mujeres triquis de Copala

AYER APROXIMADAMENTE A LAS 5:PM FUERON AGREDIDOS MUJERES, NIÑOS, HOMBRES TRIQUIS DE  1.- GUADALUPE TILAPA COPALA

2.- UNION DE LOS ANGELES COPALA
3.- YUTAZANI COPALA
4.- LA CUMBRE YERBA SANTA COPALA
POR POLICIAS ESTATALES DE OAXACA. TODOS LOS GOLPEADOS ERAN MILITANTES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA REGION TRIQUI UBISORT.
EXIGIERON LA LIBERACION LIBERACION DE SUS LIDERES: FRANCISCO HERRERA MERINO, HÉCTOR JAVIER HERRERA MARTÍNEZ Y RUFINO JUÁREZ HERNÁNDEZ.



sábado, 28 de enero de 2012

MULT-Partido Unidad Popular ocupan San Juan Copala y mantienen retenes en el camino para impedir retorno de desplazados


Luego de partir la caravana de desplazadas, desplazados, integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala y solidarios de Yosoyuxi con destino a San Juan Copala, un dispositivo policíaco de aproximadamente 200 granaderos, nos impidió el paso hoy sábado 28 de enero, -como 3 kilómetros después de haber partido-, en el lugar conocido como Barranca del Lodo, aproximadamente a las 12:54 horas.
La caravana integrada en su mayoría por mujeres y niños desplazados, hombres, mujeres y niñas, niños de la región, así como solidarios de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles de Oaxaca, de la ciudad de México, del estado de México y otras entidades, había pasado la noche en Yosoyuxi, luego de haberse mantenido sobre la carretera que va de Tlaxiaco a Juxtlahuaca, y de horas de negociación con autoridades del gobierno, finalmente pasadas las 9 de la noche del viernes 27 de enero, se pudo establecer el acuerdo de que la caravana se aproximara a Yosoyuxi, contando con el acompañamiento de un fuerte dispositivo policiaco.
Las y los desplazados plantearon su disposición a establecer el diálogo con autoridades del gobierno estatal que tuviesen capacidad de resolución, entre otros del Secretario de Gobierno, de Asuntos Indígenas, de Seguridad Pública, para que se establecieran algunas condiciones que comiencen a trabajar en pro de la distensión de la zona.
Sin embargo, de nueva cuenta el gobierno del estado se coloca al lado de los paramilitares aduciendo que de la otra parte, no hay acuerdo para permitir el ingreso de las y los desplazados sino hasta que el día de mañana, se lleve a cabo una asamblea de los que actualmente ocuparon de manera ilegítima y violenta desde septiembre de 2010, la población de San Juan Copala.

Hasta el momento no hay acercamiento de las autoridades ni tampoco visos de que se trate de dar una salida a este bloqueo que mantiene la policía del estado. La situación es tensa y solicitamos a todas y todos estar alertas ya que hay información que desde el día de ayer viernes 27 de enero, centenas de paramilitares del MULT están ocupando San Juan Copala manteniendo retenes en varios de los puntos del camino que conduce a Copala, impidiendo así el ingreso de las y los desplazados.

Caravana de la Dignidad por el Retorno Digno de las y los Desplazados de San Juan Copala

Comunicado de organización Nuevo Viento sobre el retorno de los desplazados de San Juan Copala Oaxaca

El retorno de 122 desplazados por la masacre cometida en 2010 en San Juan Copala, fue impedida durante más de un día por un bloque realizado por de 200 policías del gobierno local de Oaxaca, en la carretera pública de Tlaxiaco a Yosoyuxi el jueves 26 de enero.
Los derechos de retorno a su pueblo y al libre tránsito (por los que ellos habían pedido protección) fueron violados por los policías estatales, en contra de su obligación de garantizar y proteger estos derechos. Los desplazados, incluyendo a 71 mujeres y 26 niños fueron obligados a parar su viaje de vuelta y esperar allí fuera en plena noche con temperaturas muy bajas y sin alimentos.
El estado de Oaxaca no haya cumplido adecuadamente sus obligaciones acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo las medidas cautelares MC 197-10 para garantizar la seguridad de los desplazados en su retorno a su legítimo territorio, San Juan Copala.
Las medidas cautelares emitidas por la CIDH para proteger a los 135 víctimas desplazadas obliga al gobierno a “garantizar la vida y la integridad personal de estos 135 habitantes de San Juan Copala”según el acuerdo “concertará las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.”
Sin embargo, en vez de acordar con los desplazados sobre cómo garantizar sus derechos, el 25 de enero de 2012, el gobierno estableció un acuerdo con los que perpetradores de la masacre del 2010 en San Juan Copala, dejando así a las víctimas sin pronunciarse sobre sus derechos esenciales, socavados sin su consentimiento.
Para garantizar los derechos humanos de desplazados por una masacre, se requiere que el Estado sin retraso comience un plan de desarme, arreste y lleve a la justicia a los responsables de la masacre y garantice un retorno seguro a su comunidad de origen, así como protegerlos de cualquier interferencia o uso de la fuerza de los perpetradores.
El Estado se muestra por el contrario, acordando con los responsables de la masacre de la comunidad, en los términos de que después de 18 meses de desplazamiento, las familias desplazadas podrían empezar en Marzo a regresar gradualmente una por una, siempre y cuando acepten que su comunidad sea dirigida por los perpetradores de la masacre y de su desplazamiento.
Si el estado permite que estos hombres quienes aún controlan las armas y por ende a la comunidad capturada, determinando las condiciones de vida en la comunidad, entonces la duración del retorno podría tomar 4 años.
El gobierno aun considera como parte de las autoridades locales a los pistoleros Julio Martinez y Mauro Vasquez quienes participaron en la masacre en contra de los miembros y defensores del Municipio Autonomo de San Juan Copala, incluidos Bety Cariño, integrante de la organizaciòn Cactus y Jyri Jaakkola de nuestra asociación ¨Nuevo Viento¨.
Estas medidas del gobierno protegiendo a los asesinos en lugar de desarmalos y arrestarlos, favoreciendo la impunidad de los responsables de las violaciones a los derechos humanos pasadas y que se siguen perpetrando, como la de agosto del año pasado, en donde otra vez 3 miembros del Municipio Autónomo de San Juan Copala fueron asesinados.
La comunidad desplazada Triqui demanda su derecho al acceso efectivo al territorio que le pertenece, cuyo retorno ha sido anunciado. Si el Estado no los protege y permite a los perpetradores de la masacre continuar con el control de la comunidad, el Estado estará violando su obligación de garantizar y respetar los derechos humanos de los Triquis, reconocidos a nivel nacional e internacional.
Por ello, demandamos al Gobierno de Oaxaca:
  1. Desarmar, arrestar, capturar, investigar y juzgar a los responsables de la masacre y del desplazamiento de los miembros del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
  1. Garantizar sin retraso los derechos de los miembros de la comunidad desplazada, a la vida, la seguridad, al acceso a su territorio y a sus recursos para su subsistencia, a su autonomia y a demarcar su territorio donde ellos han vivido desde siempre y hasta antes de la masacre y un retorno seguro a su comunidad cumple con las obligaciones internacionales que exponen en el llamamiento anexo. (en Inglés)
Atentamente
Nuevo Viento y Amigos de Jyri Jaakkola, Asociación Civil