El señor ” Epifanio Diaz ” de Cruz Chiquita Copala contra Rufino Juárez Hernández

Publicado el 13 diciembre, 2011 por Jovenes de la Región Triqui Copala Oaxaca, México

Grupo paramilitar MULT-PUP violenta la ley y pone en riesgo a trasporte concesionado en Cuicatlán

El dirigente regional del Frente de Sitios Servicio mixto Foráneos de la Cañada A.C. Manuel Marín Serrano, consideró equivocada la dirigencia estatal del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) que preside Uriel Díaz Caballero, pretende llevar a cabo ya que, dijo, “está fuera de toda realidad.

Y añadió, “hoy después de los hechos violentos registrados en días pasados en Cuicatlán donde 10 personas fueron lesionadas originado por Juan Luis Martínez, dirigente regional del MULT, quien dio ordenes a sus seguidores de ingresar 15 mototaxis sin contar con los permisos correspondientes para prestar el servicio atentando así contra la estabilidad, armonía y paz social en esta población, hay que cambiar la lucha social y privilegiar los movimientos políticos”.

Mencionó que es una situación preocupante ya que “ahora implementando actos de barbarie buscan violentar la ley y poner en peligro al transporte concesionado; ante este panorama aún no sabemos la postura del gobierno del estado, si se va a privilegiar la aplicación de la ley y se continuarán presentando hechos vandálicos donde, de no tomar las medidas provisorias, podríamos tener como resultado la pérdida de vidas humanas y esto es lo que tratamos de evitar”.

Se retiran del palacio municipal de Cuicatlán integrantes del grupo paramilitar MULT

En las primeras horas de este viernes 9 de diciembre se retiraron integrantes del grupo paramilitar MULT-PUP, quienes desde el pasado lunes protagonizaron una batalla campal contra transportistas cuicatecos dejando como saldo 10 personales lesionadas.

Los inconformes que durante 4 días organizaron hechos violentos reteniendo y golpeando a dos elementos de Tránsito, destrozando una patrulla, bloqueando oficinas públicas y plantándose en el palacio municipal, levantaron su campamento despejando una de las principales arterias viales como es avenida Juárez y Leona Vicario donde vehículos particulares fueron atravesados impidiendo el libre tránsito.

Con ello, trabajadores del ayuntamiento iniciaron actividades prestando el servicio a todo el pueblo, de igual forma, las oficinas de Tránsito del Estado abrieron sus puertas, pero continúa latente el riesgo de que pudieran ser nuevamente blanco fácil a manos del grupo paramilitar de Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) quienes de manera extra oficial, se sabe, sólo se retiraron por algunas horas.

Por último, el sindico municipal, Romeo Hernández Martínez, aseguró que “es necesario que el gobierno del estado encause correctamente esta demanda y evitar poner en riesgo a los habitantes de este municipio; por nuestra parte siempre estaremos abiertos al diálogo, atendiendo y dando respuesta a cada planteamiento, cada solicitud de todo ciudadano; pero sin violentar la ley, ni tener acuerdos en lo obscurito; no al chantaje, presión o violencia para satisfacer intereses políticos o personales”, señaló.

Serán veladas afuera del Palacio de Gobierno de Oaxaca las tres personas asesinadas en Agua Fría Copala Oaxaca por el MULT

Publicado el 6 agosto, 2011 por Municipio Autónomo de San Juan Copala

Serán trasladados y velados frente a las puertas del Palacio de Gobierno en el zócalo de esta ciudad los cuerpos de las tres personas asesinadas ayer viernes en la comunidad de Agua Fría Copala, informó Reyna Martínez Flores, vocera del Municipio Autónomo de San Juan Copala y de los desplazados de San Juan Copala.

Reveló que los cuerpos de José Luis Ramírez Hernández, Álvaro Jacinto Cruz y Francisco Ramírez Merino, serán trasladados de Juxtlahuaca a la ciudad de Oaxaca, para que el actual gobierno que encabeza Gabino Cué, se dé cuenta de que siguen los asesinatos en San Juan Copala, “… vamos a traerlos y los vamos a poner enfrente del Palacio de Gobierno, para que las autoridades y el público vean que si hay muertos en San Juan Copala, que hay impunidad y que no hay justicia”.

Indicó que se espera que los cuerpos de sus tres compañeros sacrificados lleguen a la ciudad de Oaxaca por la noche de este sábado o en la madrugada del domingo.

Subrayó que fueron los paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), los que atacaron y asesinaron a estas tres personas, “… fue un ataque nuevamente del MULT, contra gente de nosotros”.

Reiteró que sus compañeros fueron balaceados, aproximadamente a las 5 de la tarde de ayer viernes.

Sobre las investigaciones que hasta el momento está realizando la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE), mencionó que ya les prometieron que serán detenidos los asesinos, pero que sin embargo ya no lo creen.

Dijo que ellos no pretenden agredir a los integrantes del MULT, ya que su idea nunca ha sido anteponer las armas al diálogo, es por eso que exigen a la actual administración que investigue, detenga a los asesinos y ponga orden en San Juan Copala.

El Municipio Autónomo de San Juan Copala invita a su Foro “Por la autonomía”

Publicado el 11 julio, 2011 por Municipio Autónomo de San Juan Copala

A las y los compañeros internacionales

Les hacemos una cordial invitación para que asistan al Foro por la autonomía, Represión, Paramilitarismo del Estado a realizarse en Oaxaca, el próximo 17 de julio del 2011 en la ciudad de Oaxaca y a la participación de varias actividades de la “Marcha del color de la sangre”, como pintas y manifestaciones desde el sábado 16 de julio…

Les informamos que saldrá un camión de la ciudad de México, el viernes por la noche, si es de su interés, comuníquense a los teléfonos que vienen en la convocatoria o por correo…

Esperando ese apoyo solidario, nos despedimos.

Atentamente:

Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala

Las lecciones de Copala

Ahora que los principales actores del conflicto en el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) guardan un relativo silencio[2], es pertinente hacer algunas reflexiones sobre el curso de este episodio. De cada movimiento importante los trabajadores pueden y deben sacar sus propias conclusiones.

I. Con la constitución en 2007 del MASJC, el MULTI y las comunidades y pobladores que los siguieron en tal iniciativa supieron como sobreponerse a la derrota que para la lucha social en Oaxaca significó el movimiento de la APPO y su represión por el Estado Mexicano. Cuando el poder logró desviar, contener y someter la lucha que estaba aflorando, ya se estaba gestando un nuevo movimiento. La lucha del MASJC surgió fuera y en contra del ámbito institucional. En contra y más allá del régimen de dominación imperante. Mientras el gobierno de Ulises Ruiz no terminaba aun de repartir cárcel y torturas por un lado y diputaciones y dádivas por el otro, el MASJC surgió como una auténtica otra forma de hacer política. La autonomía como antítesis del estado caciquil, capitalista y putrefacto.

II. Este genuino ejercicio de esa otra manera de hacer política -proclamada en la Sexta Declaración zapatista y tan pregonada por la Otra Campaña como poco llevada a cabo por su ala burocrática- pronto habría de encontrar no sólo y desde luego la animadversión del gobierno, sino que habría de toparse con la incomprensión, cuando no con los ataques y el silencio cómplice de quienes supuestamente podrían ser sus primeros aliados. Empezando por la oposición de parte del Partido Unidad Popular (MULT oficial) que no vio con agrado que en su zona de influencia surgiera una opción política de izquierda no corporativa y no clientelar. Mucho menos iba a tolerar que tal opción despertara simpatías incluso entre sus filas.

III. A los ataques paramilitares de la organización priista UBISORT contra el naciente MASJC, habrían de sumarse las amenazas, agresiones y persecución por parte del PUP (MULT). Mismos que tuvieron su peor momento con los asesinatos de los caravanistas Bety Cariño y Jiry Jaakola en abril de 2010 , así como con la ejecución del líder moral y fundador del MASJC Timoteo Alejandro poco después. Y que habrían de culminar con la ocupación del pueblo por cientos de hombres fuertemente armados y el desplazamiento de decenas de familias. Todo esto no habría sido posible de no ser porque se estableció una alianza (frágil pero efectiva) entre izquierda y derecha del capital: el PUP (MULT) y UBISORT (PRI) finalmente se juntaron para hacer la labor que les encomendaba el estado.

IV. Esta santa alianza y los ataques que por ella tuvieron lugar, fueron posibles finalmente porque también en los hechos la unidad entre PUP (MULT) y UBISORT (PRI) así fuera táctica, estratégica o meramente oportunista, contó con la bendición de otras fuerzas de izquierda.

El PDPR – EPR respaldó y respalda la actuación del PUP y cada vez que ha podido, en sus comunicados ha elevado a los altares revolucionarios a su extinto líder Beto Pazos, uno de los principales promotores de la violencia. De su parte, el ala burocrática de la Otra Campaña, representada por Uníos, ha dado cabida y cobijo al PUP (MULT) en cuanta asamblea y movilización este se ha presentado. Si bien se han denunciado las tropelías de los paramilitares no se ha puesto nombre y apellido a quien puso y disparó las balas. No solo ocurre que en esa ala de la Otra Campaña no se atrevan como quien dice a ponerle el cascabel al gato, ocurre que ya alguien escondió el cascabel desde hace mucho tiempo porque así le conviene. Los apoyos –abiertos o encubiertos- que el paramilitarismo del PUP (MULT) ha encontrado tanto en el PDPR como en la Otra, son una muestra clara de cómo no basta ser o nombrarse de izquierda (aunque sea otra izquierda) para evadir el ámbito de las complicidades. La izquierda también puede ser una izquierda al servicio del capital. Así sea la izquierda revolucionaria o de abajo;.

V. La ejemplar lucha y resistencia del MASJC tiene, como ya lo hemos dicho antes, grandes enseñanzas pero también grandes limitaciones. Es por un lado una muestra clara de cómo desde el espacio social es posible organizarse políticamente autónom@s. Si en el capitalismo el Estado aparece como la máxima separación entre el campo de lo social y lo político (para mantener la dominación de lo económico o sea del capital-trabajo) ; las formas de organización autonómicas que surgen fuera de lo institucional , demuestran lo falso de esa imaginaria comunidad. Comunidad ficticia que se presenta bajo las etiquetas de la nación, la democracia y el interés del pueblo. Dichas formas autonómicas no logran sin embargo destituir por completo el régimen de dominación estatalista. Su principal función es demostrar, en carne propia, la oposición tajante de intereses que existe entre oprimidos y opresores. Incluso inevitablemente pueden estar condenadas a la destrucción, precisamente porque solo son ensayos: son la escuela del cambio pero no son el cambio radical.

VI. Así, la enseñanza mayor de lo que ocurre en Copala, no es que “otro mundo es posible”, -consigna con la que años atrás tanta alharaca hizo el altermundismo oficial en sus foros y en su defensa del neozapatismo-, sino que “otro mundo es necesario”. La crudeza de un episodio que ya ha cobrado varias decenas de víctimas, muestra que no hay otro camino que la lucha si de enfrentar al capitalismo se trata. La imposiblilidad de constituir de modo permanente espacios no capitalistas de vida social, bajo la dominación de la economía y de la Política Estatal (capitalistas de por si), no marca sin embargo la sentencia de un movimiento social a encaminarse por el sendero del realismo político, camino plagado de cinismos, corrupción y complicidades. Marca más bien la necesidad de tomar el camino de la ética, que es el mismo que el de la independencia de clase.

VII. El autonomismo altermundista pretende (sin ser realista), la imposible construcción del mundo no capitalista dentro del mundo capitalista y quisiera que ejemplos como el de los municipios autónomos zapatistas fueran trasplantados: quiere imponer su idea de la realidad sobre la realidad misma. El realismo “marxista leninista” opta por combatir proyectos como el del MASJC en aras de no “fragmentar” el proceso revolucionario. La unidad de dicho proceso consiste finalmente para ellos, en que este pueda ser conducido únicamente por “El partido”, siguiendo Su estrategia y Su táctica, bajo Su línea política militar. Para que dicho monopolio de la revolución no sea cuestionado por su reformismo armado y su esencia burguesa, se apela hacia afuera a “combinar todas las formas de lucha”, mientras que adentro se sostiene a toda costa una concepción patrimonialista de la lucha social: las masas y el territorio de la organización no pueden ser las masas ni el territorio de ningún otro proyecto o lucha. La lucha que han emprendido las comunidades del MASJC desde luego no tiene nada que ver (incluso a su pesar) con esos caminos: ni cuenta con los apoyos y simpatías internacionales del neozapatismo ni con la bendición revolucionaria del eperrismo. Aunque a veces ha quedado reducida a la mera resistencia por la represión, por su propia impotencia o limitaciones, la propuesta del MASJC, se emparenta, más por sus consecuencias que por su discurso, con el ímpetu revolucionario de los obreros socialistas y comunistas de los siglos XIX y XX. No es una evocación tragicómica de la Comuna de París ni de los Soviets, sino apenas y más bien, una onda de réplica de la nueva oleada revolucionaria que empieza a atravesar el mundo: ya en Egipto, ya en Francia, ya en España y ya en Grecia, se reproducen a mayor o menor escala destellos de organización fuera del control institucional, sea de los sindicatos, de los partidos oficiales o de la izquierda oficial.

VIII. No se trata sin embargo de procesos sociales (ni en Europa, ni en el norte de África ni en México) que se hallen a salvo de caer en desvíos, trampas o asumir métodos que conduzcan a su derrota. La dificultad principal estriba no en el escaso o mediano desarrollo de la conciencia que puedan tener, en tanto individuos, quienes los protagonizan, lo cual desde luego derivará en desaciertos y errores. Pero finalmente toda lucha se trata de un aprendizaje. El problema es no saber reconocer cuando se actúa de manera equivocada y cuándo no. Es tanta la presión del Estado y tanto el peso de la ideología burguesa, aún sobre los hombres y mujeres más bien intencionados, que lo que aparece como la mejor alternativa, táctica o estrategia para un movimiento en un determinado momento puede no serlo: si se aplica una estrategia o una táctica equivocada se pueden tener consecuencias fatales para los propósitos de la lucha. El Estado Mexicano tratará a toda costa de ver derrotado lo antes posible al proyecto del MASJC. Para ello cuenta con la principalísima ayuda paramilitar del PUP (MULT). Pero cuenta también con los recursos de la política tradicional: la cooptación y el engaño. Apostará en lo inmediato y a mediano plazo a dividir, desgastar, provocar y desvirtuar la organización del MASJC. Gabino Cué no puede desconocer que enfrenta un problema que se llama MASJC, pero si puede pretender desvanecerlo: por lo tanto hará lo posible por lograr que el MASJC pierda su nombre y su identidad como paso previo a destruir su organización para siempre. Así, los desplazados, que son las víctimas simplemente serán presentados como “una de las partes” del conflicto, si no es que como los propios causantes.[3] Y se les pedirá reconciliarse con “las otras partes” en aras del supuesto bien común de la nación triqui. Pero para ello habrán de dejar a un lado primero la única arma con que cuentan: la constitución de sus comunidades en una fuerza organizada e independiente.

IX. La única alternativa de sobrevivencia a largo plazo que tienen los indígenas organizados en el MASJC, es intentar forjar la unidad con otras fuerzas sociales y organizadas semejantes. El cobijo solidario que no han encontrado en el conjunto del Congreso Nacional Indígena o de la Otra Campaña, tendrán que construirlo al hermanarse con otras luchas independientes. Y sobre todo, al conformar junto con otros una organización y un programa proletarios, organización y programa que no pueden partir de las demandas particulares (eso si divide la lucha), sino de las necesidades generales del movimiento. Un movimiento nacional anticapitalista y revolucionario (nacional en su forma más no en su contenido) como el que la Otra Campaña no pudo construir, y como el que Javier Sicilia -y las ONG´S que le acompañan y dan órdenes- nunca van a propiciar ni permitir.

X. Finalmente algunas preguntas: recientemente se supo que el gobierno de Oaxaca (PAN-PRD) entregó o entregará 110 millones de pesos al PUP (MULT) por medio de su dirigente Uriel Diaz Caballero. Al mismo tiempo, hace poco Andrés Manuel López Obrador se reunió con las bases del MULT en un acto público. ¿Con esos recursos cuántos votos habrán de comprase canjeando apoyos por conciencias? Si cada “cuerno de chivo“ cuesta 30 mil pesos más o menos en el mercado negro: ¿Esos 110 millones le bastarán al MULT para armar un ejército propio, prescindir de los paramilitares (“paramilitares” muy bien disciplinados y uniformados por cierto) y someter definitivamente a los triquis? Está por verse. (D.A)

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[1] En la región mixteca del sureño estado mexicano de Oaxaca, poco más de una decena de comunidades pertenecientes a la etnia triqui han constituido desde 2007 el Municipio Autónomo de San Juan Copala, sin el reconocimiento oficial y sin el apoyo de ninguna organización o partido de izquierda importantes.

[2] Aunque ya no ha habido comunicados de ninguna de las partes, a finales de junio hubo movilización del MASJC en la Ciudad de Oaxaca. Mientras que días después gente del PUP (MULT) allanó la casa de Casimiro Martínez Aguilar, vocero del MASJC en el DF.

[3] Es sabido que los representantes del gobierno han amenazado a los integrantes del MASJC con hacerlos responsables y aprenderlos si los desplazados se atreven a regresar a San Juan Copala y ocurre alguna violencia. Pero quien ha amenazado y disparado cada vez que los desplazados tratan de regresar, han sido los paramilitares.

¿Tiene solución el conflicto de San Juan Copala?

Los indígenas disfrutan de los mismos privilegios y responsabilidades que cualquier otro ciudadano mexicano, según aquello que establezca la constitución federal y las constituciones estatales, pero, además, tienen el derecho de decidir sus formas de organización social, política, económica y cultural, y de elegir de acuerdo con sus propias prácticas históricas y tradicionales, a sus gobernantes internos, siempre que otorguen a las mujeres los mismos derechos que a los hombres [1]

El Municipio Autónomo de San Juan Copala ha inaugurado a nivel continental una nueva forma de construir las autonomías indígenas.

A diferencia del proceso autonómico de Chiapas, donde una fuerza militar, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se hizo mediante la insurrección armada de un determinado territorio, donde posteriormente inaugura otra forma de organización que da como resultado lo que hoy se conoce como municipios autónomos zapatistas, Caracoles o juntas de buen gobierno.

A diferencia de la experiencia de la Policía Comunitaria, donde un gobierno municipal con amplia base social que cuenta con el reconocimiento explicito de las autoridades del Estado y de los poderes fácticos de la región, construye una manera eficiente de prevenir y enfrentar la inseguridad fortaleciendo el control del territorio que legal y legítimamente la comunidad detenta.

A diferencia de numerosas experiencias de recuperación de la territorialidad y ejercicio de autonomía que se han dado en Estados Unidos y Canadá donde por la vía legal, a través del reconocimiento de los tribunales a los derechos establecidos en las leyes, pactos y escrituras o títulos primordiales otorgados por los conquistadores durante la época colonial.

A diferencia de los procesos en Colombia, donde la autonomía indígena se ha construido al margen de la violenta confrontación armada entre la guerrilla y el gobierno, pero aprovechando los resquicios que esta circunstancia ha creado en el escenario nacional.

A diferencia del proceso autonómico que se dieron en el norte de Nicaragua luego de los acuerdos establecidos para poner fin a la violenta confrontación armada alentada por los Estados Unidos entre “la contra” y el gobierno sandinista.

A diferencia de la autonomía construida como una hermosa filigrana en todo el territorio de Bolivia a partir de la revuelta y resistencia masiva que logra derrotar a un gobierno, establecer otro y construir una nueva constitución.

El Municipio Autónomo de San Juan Copala ha sido construido por un camino diferente que podríamos denominar, por la vía de los hechos.

Si bien en América, sobre todo después de la derrota del periodo colonial diversos pueblos indígenas llegaron a ejercer –cuando las circunstancias lo permitieron– ciertos niveles de autonomía por la vía de los hechos, la experiencia de San Juan Copala es un ejercicio novedoso a nivel continental que proclama abiertamente y sin tapujos su derecho a la libre determinación, sin mediar ni una insurrección armada, ni una petición legal que lo subordine al Estado, ni ninguna de las muchas variantes que pueden existir entre ambos procedimientos. Estamos ante una estrategia novedosa, una forma “muy otra” de construcción de autonomía.

La respuesta del gobierno mexicano

El Estado mexicano ha reaccionado al problema planteado por las comunidades triquis que en enero del 2007 proclamaron su derecho a la libre determinación y ejercieron su autonomía, con la misma estrategia, eficiencia y rapidez que habitualmente responde a los grandes problemas nacionales.

Esto es: los ignora o pretende ignorarlos hasta que la fuerza de los mismos problemas, ahora desbordados lo hace responder equívocamente, aplicando acciones derivadas de un diagnóstico que nunca hizo, y que tienen por fin administrar el problema con vistas que los gobernantes y sus partidos salgan lo mejor librado en la siguiente elección.

Lejos de hacer una reflexión sobre el problema teórico-jurídico, político, social y cultural que plantea a la nación la proclamación por la vía de los hechos de un municipio autónomo indígena, el Estado mexicano ha pretendido ignorar que existe dicha proclamación y ha limitado su actuación a comentarios marginales tales como “ “La autonomía no está contemplada en ninguna de las leyes mexicanas” (Ulises Ruiz y Felipe de Jesús Zamorano Subsecretario de Gobernación representando al Estado Mexicano ante la CIDH, 26 de marzo del 2011), o “en la región triqui de San Juan Copala volverá la paz pero no será bajo la figura de Municipio Autónomo” (Gabino Cue en declaraciones a José Reyes, Revista Contralínea).

Pero el Estado mexicano en realidad no ha ignorado la instauración de la autonomía en la zona triqui baja. Si bien no se ha pronunciado oficialmente, no ha tenido ninguna reacción oficial, ningún acuse de recibo formal, si ha considerado el surgimiento del Municipio Autónomo como el principal factor de riesgo que amenaza el “equilibrio” que han establecido a sangre y fuego los grupos sociales armados que de de facto controlan paramilitarmente la región triqui y consecuentemente con esta visión, está a la espera de la reducción o control del problema planteado reiterando siete rutinas:

Uno. El aislamiento y silencio en torno al problema. Se trata de restar importancia o mantener oculto hasta donde sea posible el nuevo paradigma que plantea la iniciativa de una autonomía indígena por la vía de los hechos.

Dos. La emulación de las formas control tradicionales en la zona, mediante el dispendio de dinero gubernamental a las organizaciones corporativas MULT y UBISORT y simultáneamente el ahogamiento financiero a las comunidades que se proclaman autónomas, de tal manera que estas “comprendan” las ventajas de estar con MULT y UBISORT y las desventajas de estar del lado de la autonomía.

Tres. Al no entender el por qué y el para qué de la autonomía, el Estado mexicano no ha tenido la intención de contener la violencia paramilitar que se comete contra el pueblo triqui. Una marejada de sangre ha desbordado hasta niveles internacionales el problema, sin que ninguno de los crímenes se haya castigado penalmente o estén en vías de hacerlo.

Cuatro: Además de esta impunidad, el Estado mexicano ha otorgado protección y facilidades al MULT y Ubisort, organizaciones corporativas que se asumen como las damnificadas inmediatas de la proclamación de la autonomía, autorizándolas de facto en consecuencia a que reduzcan por la vía paramilitar el proyecto autonómico.

Cinco: El Estado mexicano no ha considerado que la propuesta de autonomía de San Juan Copala pudiera ser solo una respuesta a su incapacidad por atender el rezago, la injusticia y la inseguridad contra un pueblo indígena.

Seis: El Estado tampoco ha podido responder a las consecuencias, esto es, la dramática situación, la crisis humanitaria que han causado tantos ataques contra la población civil, ni en lo que respecta a las viudas, huérfanos, mujeres violadas, y poblaciones enteras desplazadas.

Siete. El Estado mexicano lejos de generar una estrategia de intervención frente al problema, ha quedado en espera de que el problema se resuelva solo y además, al menos a nivel estatal, el gobernador Gabino Cue se ha declarado a sí mismo parte del problema, y no de la solución, al auto identificarse como “uno más en la lucha del MULT”, con lo que se ha extendido a sí mismo un certificado de incompetencia para resolver el conflicto.

En prospectiva, la única opción que esta errática deriva gubernamental deja en el escenario actual es que el MULT logre a mediano plazo imponer la paz por medio de la aniquilación de la resistencia autonómica indígena.

La Autonomía en San Juan Copala: Un problema planteado que espera solución

La historia del pueblo triqui es la historia de sus represiones. El Estado mexicano ha pasado de la represión caciquil tradicional por medio de pistoleros (1827-1960), a la ocupación militar del territorio, el bombardeo contra poblaciones (1960-1980), la cooptación de la organización indígena mediante el asesinato selectivo de líderes naturales (1980-1994), el control corporativo de la población indígena mediante el control de los recursos financieros de los proyectos productivos, asistenciales gubernamentales destinados a la zona y mediante sanciones extrajudiciales que van de multas hasta la ejecución de quien desatiende los usos y costumbres corporativos impuestos ya sea por el MULT o por Ubisort (1990-2011), y en los últimos 3 años (2007-2011) la represión contra el pueblo triqui ha pasado del control meramente corporativo violento, al terrorismo paramilitar como forma principal de dominación.

Así las cosas el actual conflicto en la zona triqui baja tiene diversas posibles desembocaduras. 1.- O bien la gente del pueblo triqui organizada en Municipio Autónomo desiste de su idea y se subordina de nueva cuenta al MULT, o UBISORT, como lo vino haciendo hasta el 2006-2007. 2.- O bien las fuerzas paramilitares del MULT, con la aquiescencia, complicidad o protección del Estado terminan de aniquilar esta opción organizativa asesinando a las familias, activistas, defensores y periodistas más identificados y obligando al repliegue, destierro o a la clandestinidad al resto de la población. 3.- O bien el Estado mexicano hace acuse de recibo de que el algún lugar del país una determinada cantidad de comunidades indígenas están proclamando y ejerciendo su derecho a la libre determinación, y en consecuencia procede al dialogo, al análisis conjunto del problema, a la búsqueda de los mecanismos disponibles en la estructura jurídica del país para satisfacer las aspiraciones a la libre determinación que estas comunidades han planteado.

En realidad la intervención del Estado mexicano frente a las posibles desembocaduras del conflicto de San Juan Copala se pueden representar en dos grandes vertientes: Una: Silenciar, aniquilar, reducir o capotear a los autónomos. Dos: Hacer acuse de recibo de la demanda, escucharla, atenderla. Todo lo anterior no descarta la posibilidad de una gran cantidad de escenarios intermedios entre ambos polos.

Pero independientemente a la cercanía a uno u otro polo de salida (represión o diálogo) que tenga como resultado final el conflicto actual, es evidente que de las dos rutas existentes el Estado mexicano ha caminado hasta el momento solo por la primera: Silenciar, aniquilar, capotear el reclamo indígena.

No será el de San Juan Copala (si finalmente esta estrategia o deriva política del Estado se impone definitivamente) el primero caso de un pueblo (o de la parte rebelde de un pueblo) que termine siendo aniquilado en México. Numerosos pueblos, naciones y comunidades han sido perseguidos hasta el exterminio, decenas de otros pueblos, naciones, tribus han sido aniquilados a raíz de la conquista y durante el México contemporáneo y a otros les falta ya muy poco para desaparecer “pacíficamente” por completo.

Pero ¿De verdad tiene que ser así? ¿De verdad los intereses del Estado pasan por la aniquilación de este pueblo y solo queda sentarse a esperar para ver como termina la masacre? ¿El Estado mexicano no puede responder más allá de los intereses políticos de los actores gubernamentales del conflicto y se tiene que subordinar y aceptar como propios los intereses electorales, las filias políticas, los encasillamientos ideológicos, la lasciva pecuniaria, la incapacidad y tibieza operativa y de funcionarios como Ulises Ruiz, Gabino Cue o Felipe Calderón?

Propuesta política de solución

El Estado mexicano no ha buscado atender las causas estructurales del conflicto. No ha atendido ni entendido la propuesta de autonomía como una respuesta a esa incapacidad del Estado por atender el rezago y la injusticia contra un pueblo indígena. Tampoco ha tenido la capacidad ni la intención de contener la violencia paramilitar que se comete contra el pueblo triqui, pero también contra periodistas locales y nacionales, y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales. El Estado tampoco ha podido atender la crisis humanitaria por el sitio, asalto y desplazamiento contra poblaciones enteras. Esta ruta no ha traído ninguna solución al conflicto. Insistir en ella lo único que va a traer en el futuro próximo es un conflicto de proporciones aún impredecibles.

Y sin embargo el problema tiene una solución que pasa por atender algunos elementos básicos:

1.- El Estado debe entender y atender las causas estructurales que dieron origen al problema.

2.- Debe reconocer que el pueblo triqui, una porción de este, o cualquier pueblo o comunidad indígena, tiene derecho a escoger libremente las formas de organización que determinen en el marco del Estado nacional. Por lo tanto el Estado lejos de combatir o ignorar una empresa como la que se ha plantado el Municipio Autónomo le debe brindar toda la asistencia para que pueda lograr su propósito en el marco de los mecanismos legales existentes en México y en el ámbito internacional.

3.- Recuperar el acceso de la población a la jurisdicción del Estado en materia de justicia. El Estado no puede abdicar de sus funciones innatas en ninguna parte del territorio nacional. Se debe proceder de inmediato a la detención de los causantes de las muertes de las dos locutoras de la radio “La Voz que Rompe el Silencio”, y de los asesinatos y emboscadas del 1ª de noviembre del 2009, 10 de enero, 16 de abril, 27 de abril, 20 de mayo, 23 de agosto, 11 al 19 de septiembre, 16 de octubre, 29 de diciembre del 2010, entre otros. Con la detención de estas personas se estaría deteniendo a los autores materiales de cientos de asesinatos en la región, producidos a lo largo de numerosas emboscadas en las últimas décadas. Los asesinos, secuestradores y violadores deben ser sometidos a juicio y encarcelado, no importando ni su jerarquía, ni su nivel de interlocución con el actual gobierno, la ley es para todos y mientras subsista la impunidad nunca se resolverá el problema.

Esto implica también detener y encarcelar a los autores materiales e intelectuales de la muerte de Heriberto Pazos, Anastacio Juárez, Maximiliano Bautista Martínez y Julián Martínez Ramírez. No se trata solo de detener a los que dispararon, sino también de los que dieron las órdenes, el dinero y la cobertura.

4.- Retorno inmediato de todos los desplazados de San Juan Copala a sus hogares, reparación de los daños causados por el cerco y la toma paramilitar del poblado. Reparación del daño económico causado por la pérdida de vidas humanas a las viudas y a los huérfanos. Reparación del daño económico causado por heridas, secuestros y violaciones. Atención a las carencias sociales, económicas, culturales y psicológicas causadas por el cerco y la toma paramilitar de San Juan Copala.

5.- Reestructuración administrativa y territorial en San Juan Copala, reconocimiento de la nueva poligonal política de las comunidades que conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala.

6.- Acciones afirmativas para garantizar la seguridad y protección de los habitantes de esas localidades.

7.- Reconocimiento de los actores sociales, que la solución del problema no significa la aniquilación de una u otra organización. Los indígenas triquis tienen derecho a pertenecer a la organización que quieran. El respeto a los espacios y la dignidad de las personas será un elemento básico para mantener la paz que se logre en la región. Detenidos y castigados los elementos que han causado muertes y acciones violentas contra la población triqui, MULT y Ubisort tienen una importante oportunidad de reconstituirse como organizaciones sociales.

8.- Acabar con el aislamiento de la zona triqui. Un elemento determinante para que la impunidad y el paramilitarismo hayan prevalecido durante tantas décadas en territorio triqui, es el aislamiento intencional al que han sido sometidos. En toda la región triqui aledaña a San Juan Copala no hay un solo teléfono celular que funcione. Los teléfonos fijos establecidos en algunas otras localidades son imposibles de usar debido a la violencia contra cualquier autónomo que transite en la zona. El Estado mexicano debe de inmediato a) Dotar preventivamente de teléfonos satelitales a las autoridades de las comunidades triquis en el área de conflicto. b) Restituir y ampliar el servicio de telefonía rural en San Juan Copala, una vez realizado el retorno de los desplazados, y en las demás comunidades del Municipio Autónomo. c) Establecer el servicio de telefonía celular normal en toda la región. d) establecer el servicio de Internet en todas las comunidades del Municipio Autónomo. e) Restituir y garantizar la seguridad para la radio comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”. f) dar garantías de seguridad al libre tránsito de vehículos, bienes y personas.

9.- Suspender cualquier concesión o permiso de explotación o exploración de recursos minerales que se haya dado en el territorio de las comunidades triquis organizadas en Municipio Autónomo. Cancelar los permisos de explotación de los recursos forestales.

10.- El Congreso de la Unión, por medio de la Comisión Plural para el Tema de San Juan Copala debe brindar recursos económicos con el objeto de que el Municipio Autónomo de San Juan Copala pueda contar con la asesoría legal del más alto nivel a fin de que pueda integrar jurídicamente ante el Congreso del Estado de Oaxaca su demanda de derogación de la ley de 1948 que suprimió el Municipio Libre y Soberano de San Juan Copala.

La paz solo es posible como resultado de la justicia y el respeto a la dignidad de las personas. Esto es el elemento que debemos considerar si queremos avanzar en la dirección de la solución del dramático conflicto de San Juan Copala.

Podemos ser optimistas respecto a lo que finalmente podría resultar una cadena de determinaciones, acciones que lleven a la solución del conflicto tal y como se presenta hasta el día de hoy. El problema se ve difícil, las soluciones no. Entiendo las dificultades filosóficas de funcionarios que para resolver un problema pretenden que los actores agredidos, renuncien a sus derechos fundamentales, en un argumento premoderno que traducido a otras esferas diría así: “Si no quieres que usen la violencia mientras te violan, renuncia a tu derecho a no ser violado(a), relájate”, o que pretender reunir a violadores con sus víctimas para que “lleguen a un acuerdo”.

Afortunadamente los 10 puntos propuestos se traducen en acciones perfectamente dimensionables y que de por si corresponden a las funciones del Estado.

Exigen desplazados de San Juan Copala se cumplan medidas cautelares de la CIDH y CNDH

Publicado el 28 junio, 2011 por Municipio Autónomo de San Juan Copala

Oaxaca, Oax.- Los desplazados de San Juan Copala, marchan al contorno del zócalo para exigir al gobierno de Gabino Cué que cumpla con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que determinaron la inmediata aplicación de medidas cautelares para la efectiva restitución de los derechos humanos, la seguridad pública, salud, educación y el libre tránsito para los desplazados del municipio autónoma de San Juan Copala.

Los inconformes que integran el Comité por la defensa y justicia para el municipio autónomo de San Juan Copala que encabeza Reina Flores Martínez responsabilizan al gobierno estatal y federal de sus vidas y sus garantías individuales, ya que no han aportado interés para protegerlos ante las amenazas de ser asesinados por los grupos paramilitares como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Partido Unidad Popular (PUP) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).

Asimismo piden justicia para Beatriz Cariño y Jiry Jaakola asesinados en el mes de abril del año 2010, cuando participaban en una caravana humanitaria hacia la región triqui, así también de las muerte de mas de 20 indígenas asesinados, entre ellos el líder moral de Timoteo Alejandro y su esposa.

Critica Carlos Martínez Villavicencio, diputado del PRI de Juxtlahuaca, entrada de policías a San Juan Copala Oaxaca

Publicado el 27 junio, 2011 por Municipio Autónomo de San Juan Copala

El diputado del distrito 21 Juxtlahuaca-Silacayoapan del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Martínez Villavicencio, criticó el fuerte dispositivo policíaco que utilizó la comisión creada por el Gobierno Estatal para estudiar el retorno de los desplazados de la zona Triqui de San Juan Copala.

“Fue buena la creación de la comisión pero no era necesario tanto elemento policíaco porque la gente se atemoriza…Que bueno que constataron que todavía no están las condiciones dadas y que hacen falta platicas entre los grupos”, consideró.

Insistió en que el Gobierno estatal debe aplicar las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 135 habitantes desplazados.

Vio con buenos ojos la invitación al diálogo que realizó la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y su nueva dirigencia encabezada por Juan Carlos Marcial Reyes, al tiempo que pidió que en el caso del ex dirigente, actualmente preso en el penal de Ixcotel, Rufino Juárez Hernández, se proceda conforme a derecho.

“Pediría al gobernador que no haya chivos expiatorios y que no se recargue la justicia en una sola organización, la justicia debe aplicarse con transparencia y sin pasiones partidistas”, consideró.

Dijo que la Comisión de Asuntos Agrarios está analizando una propuesta para crear una coordinación que ayudará a resolver los problemas agrarios en coordinación con la Procuraduría Agraria y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del estado de Oaxaca.En la Mixteca existen 654 conflictos sin resolver de ellos 22 tienen una sentencia pendiente.

Cherán, los pueblos indígenas y la desmilitarización

Publicado el 24 junio, 2011 por Municipio Autónomo de San Juan Copala

Salvador Campanur Sánchez *

Soy Salvador Campanur Sánchez, pertenezco al pueblo indigena purépecha de Cherán, Michoacán, no tomo la palabra para hablar sólo por mi pueblo, sino por todos mis herman@s. Somos una voz de los pueblos, naciones y tribus indígenas de nuestro país que nos hemos encontrado en el camino de este Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad.

Tenemos diferentes lenguas e identidades, compartimos los agravios: el despojo, el saqueo y la destrucción de nuestro territorio; la negación de nuestra identidad y la violencia sistemática de gobernantes, empresas rapaces y criminales. A nosotros nos agreden las autoridades que desconocen nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, criminalizan nuestras luchas, roban nuestras riquezas y aplican una política nacional de exterminio contra nosotros. La agresión del Estado y sus cuerpos represivos se suma a la violencia impune de grupos paramilitares y de una criminalidad que cuenta siempre con el cobijo de las autoridades y la impunidad del sistema de justicia.

Nosotros reafirmamos los acuerdos de San Andrés como el punto de partida para el desarrollo digno de los pueblos originarios de méxico; ustedes, quienes dicen gobernar, además de faltar a la palabra empeñada, se han propuesto legislar en nuestra contra y han reformado la Constitución con el único interés de negarnos como sujetos de derecho público, para que nuestras riquezas pasen a las empresas privadas y trasnacionales.

Nosotros cuidamos los bosques y ustedes protegen a los talamontes; mientras nosotros cuidamos la madre tierra, ustedes abren el camino a las mineras trasnacionales que destruyen los montes y envenenan el agua, como sucede ahora mismo en San Luis Potosí, Durango y Guerrero, entre otros estados; con esto destruyen el futuro de nuestros hijos.

Los efectos de la devastación ecológica y el cambio climático son resposabilidad de ustedes, el resultado de estas políticas que han impulsado se traduce en el exterminio de pueblos y abre el camino a la migración, a la destrucción del tejido social; las instituciones y sus programas de dominacion generan el enfrentamiento entre pueblos, naciones y tribus.

En esta guerra injusta, nosotros, como pueblos indígenas, no sólo somos víctimas de la delincuencia organizada sino también de la violencia institucional del Estado mexicano, quien no reconoce nuestros derechos ancestrales y nuestras formas de organización. Por ello exigimos el reconocimiento constitucional de todos nuestros derechos y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Cuando una comunidad indígena se enfrenta al crimen organizado nos topamos con la complicidad del gobierno y no encontramos protección para nuestros herman@s que valientemente han decidido denunciar ante las autoridades a estos criminales, pues no existe en el sistema de justicia un mecanismo concreto para proteger a las personas que denunciamos.

El gobierno también ejerce una forma de violencia cuando criminaliza nuestros sistemas de autodefensa y persigue a nuestros herman@s como si fueran delincuentes, sin considerar que esa forma de organización es una costumbre ancestral que hoy más que nunca toma vigencia ante la ausencia de protección y seguridad por parte del Estado mexicano. Por ello exigimos el reconocimiento de nuestros sistemas de autodefensa y de nuestras guaradias comunitarias.

Una violencia específica que sufrimos los pueblos indígenas es la que ejercen los grupos paramilitares que, a diferencia de la delincuencia organizada, son financiados, fomentados y protegidos por las autoridades. Por ello exigimos la desarticulación, el desarme y la desmovilización de todos los grupos paramilitares que existen en nuestro país y particularmente en nuestros territorios.

Ante todo esto exigimos como una muestra mínima de que ha escuchado nuestra voz:

1. Cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las autoridades federales y la comunidad indígena de Cherán en materia de protección y justicia para desmantelar a los grupos criminales que la acechan.
2. Cumplimiento del Pacto Haurra Manaka, firmado en el año 2008 para la preservación de los lugares sagrados del pueblo wirrárika, y cancelación de las 22 concesiones otorgadas a la minera Ferst Majestic Silver en Wirikuta.
3. Garantizar el derecho al agua de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Morelos y el respeto absoluto del territorio y los recursos naturales de los 13 pueblos que se surten de los manantiales Chihuahuita, El Salto, El Zapote y Santa Rosa, y esclarecimiento de los asesinatos de los indígenas morelenses Miguel Ángel Pérez Cazales y Rubén Flores, de las comunidades de Santa Catarina y Coajomulco.
4. Esclarecimiento del asesinato de nuestra hermana Bety Cariño y nuestro hermano Jyri Jaakkola, defensores de derechos humanos asesinados en la caravana humanitaria del 27 de abril de 2010 en San Juan Copala, y desmantelamiento y castigo del grupo paramilitar Ubisort.
5. Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, hermanas indígenas violadas por militares.
6. Basta de agresiones y hostigamientos a la comunidad de Ostula, Michoacan, y a las comunidades zapatistas.

* Testimonio presentado este 23 de junio en el encuentro del Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad y el gobierno federal.

San Juan Copala y las obligaciones del Estado con respecto a la amenaza paramilitar a los derechos humanos

Publicado el 17 junio, 2011 por Municipio Autónomo de San Juan Copala

Gabino Cue ha mejorado mucho el estado legal del gobierno en Oaxaca si lo comparamos con el gobierno anterior de Ulises Ruiz. El arresto del líder paramilitar de UBISORT, Rufino Juarez Hernandez es un paso importante para proteger los derechos humanos, la justicia y necesita ser seguido con más pasos en la misma dirección.

Con este objetivo existe la necesidad de clarificar mejor la condición actual de los hechos presentados a continuación.

1. Durante los últimos 7 meses el gobierno de Oaxaca ha dado a entender a la gente desplazada de la municipalidad autónoma de San Juan Copala y al público en general, que ya no existe amenaza en la zona y que aquellos que gobiernan localmente permitirán regresar a la gente de San Juan Copala. (1) Esto es sin embargo falso:

Cuando la semana pasada el gobierno intento asegurar las condiciones para la vuelta de los desplazados, por lo que incluso con sus más de 200 policías “la policía estatal no logró entrar hasta el municipio” dado que “aún persisten las condiciones de riesgo”, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP). (2)

Además el representante de UBISORT, que participa en el gobierno de Copala después de tomarlo tras la masacre del 2010, amenaza ahora que si el gobierno intenta cumplir con su responsabilidad de asegurar el retorno de los desplazados, “Una acción así por parte del gobierno, desataría una masacre en contra de los miembros del Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui (MULTI)”. (3)

2.En la medida en que las autoridades son responsables de tomar en consideración cargos criminales, una amenaza así, hecha públicamente sobre futuras “masacres” de cientos de víctimas desplazadas, es una amenaza criminal de gran gravedad previniendo también al gobierno cumplir con sus responsabilidades con respecto a los derechos y la seguridad de las víctimas.

Pero en lugar de solicitar cargos criminales en contra de esta amenaza sobre las futuras “masacres” de las víctimas, el gobernador públicamente ha requerido cargos criminales en contra de algunos de los defensores de los derechos de estas víctimas – pretendiendo en cambio defender los derechos de los periodistas Jaime Guerrero y Virgilio Sanchez León ante vulgares habladurías en los medios sociales, donde se mantuvo que Jaime Guerrero merecía escupitajos u orina en su cara. (4)

Las noticias de Jaime Guerrero han engañado al público y al gobierno llevandolos a creer que el agente municipal a quien la UBISORT ha puesto en San Juan Copala a través de la masacre, habría sido “neutral” para gobernar allí. Ahora estos gobernantes “neutrales” quienes “no harán distinción a ningún grupo” pero permitirán a todos los triquis regresar a san Juan Copala sin una amenaza (de acuerdo a las noticias de Jaime Guerrero) (5) amenazo a las victimas desplazadas de futuras “masacres” si ellos regresan (6).

Su colega periodista, Virgilio Sánchez León ha escrito que su periodismo tiene por objetivo mostrar como “pseudovíctimas y pseudodesplazadas” y “paramilitares” a estas víctimas desplazadas en el vídeo que han producido. (7)

Debido a que estas víctimas fueron dejadas sin hogar por la violencia, con la que se asesinó a muchos miembros de la comunidad, incluso algunas de las víctimas sobrevivientes todavía tenían balas de armas paramilitares en sus cuerpos, las autoridades Mexicanas están obligadas por el IACHR a proteger sus derechos y su seguridad como víctimas de un desplazamiento violento.

Denegando los derechos básicos de estas víctimas, este tipo de periodismo de Virgilio Sánchez León y Jaime Guerrero es severamente más amenazante e insultante que cualquier habladuría vulgar en los medios sociales afirmando que alguien merezca escupitajos u orina en su cara.

Miles de personas son por desgracia objetivos a diario de palabras igualmente vulgares en los medios sociales, sin que muchos de ellos piensen o se quejen de que sea particularmente insultante. Estas vulgaridades no son apropiadas o aceptables, sin embargo palabras mucho más amenazantes son usadas en los medios sociales en cantidad de ocasiones y a diario, no solo en México, sino que también en la Unión Europea, USA y el resto del mundo, sin resultar en cargos criminales algunos.

Todas las amenazas a los derechos humanos deben ser investigadas igualmente de acuerdo con cual es su impacto amenazante. Amenazar a cientos de víctimas desplazadas públicamente en las noticias con futuras “masacres” así como negar sus derechos legales como víctimas desplazadas (presentándolas como paramilitares responsables de la masacre de la que fueron objeto) es claramente una amenaza criminal más severa que alguien escribiendo en los medios sociales que otro merece escupitajo u orina en su rostro.

3. Virgilio Sánchez León ha llevado con sus amigos al público también el vídeo antes mencionado de acuerdo con el que las víctimas desplazadas, a raíz de la masacre del Municipio autónomo San Juan Copala, serían ellas mismas los paramilitares responsables de los asesinatos.

Sin embargo, es claro que en la gran mayoría de los recientes homicidios en el área donde fueron asesinados principalmente estos defensores de la autonomía de San Juan Copala – como se verifica incluso por las noticias de Jaime Guerrero. (8)

Además, el vídeo muestra de hecho las condiciones en las cuales vivia la comunidad cuando fue rodeada por todas partes por el bloqueo paramilitar, el que continuó y en el que se disparó y mató durante meses. (9)

El gobierno ha permitido que en la pequeña región de Copala cientos de asesinatos y violaciones de los derechos humanos continúen por décadas, sin arrestos ni castigos, e incluso ha establecido y financiado organizaciones que llevan a cabo estas violaciones.

Debido a que el gobierno ha negado la seguridad legal y la protección de los derechos humanos fundamentales de esta gente durante décadas, e incluso ha ayudado a los paramilitares que masacraron a la comunidad, la responsabilidad de la gente en tal situación para con los derechos humanos les obliga a proteger la vida y la seguridad de la comunidad por todos los medios a su alcance.

Considerando que los defensores de la autónomia San Juan Copala han sido asesinados en su mayoría en la zona desde Noviembre del 2009 y que fueron masacrados por grupos armados que obtuvieron a través del gobierno un apoyo tan vasto, sostén que los defensores de la autonomía no obtuvieron, por consiguiente:

Al sufrir la falta del poder físico de la protección, tanto estatal como de otras instancias, no es lógico llamarles “paramilitares”. Ser un grupo “paramilitar” requiere algún tipo de aprobación o el mantenimiento por parte del gobierno o las autoridades militares de la actividad ilegal del grupo apoyada por el estado.

Como el gobierno ha denunciado más bien activamente la municipalidad autónoma de San Juan Copala, es también en este sentido un error lógico llamar a los defensores de la municipalidad autónoma “paramilitares”.

El vídeo no incluye ninguna prueba de que la gente del Municipio Autónomo de San Juan Copala tuviese ese tipo de conexión paramilitar propio de la actividad militar ilegal apoyada por el estado. Tampoco el vídeo prueba que usase sus armas además de para defenderse en la situación desesperada en la que sus derechos fundamentales a la vida estaban bajo una amenaza extrema, sitiados por los tiroteos paramilitares, y denigrados también por el estado. El vídeo parece utilizar el término “paramilitar” como si significase simplemente “persona con un arma”, de lo que no es sin embargo sinónimo.

Como el gobierno ha negado el apoyo y la protección a la existencia de la comunidad entera, forzando a la gente a auto-defenderse incluso en su derecho más básico a la vida, la responsabilidad de esa gente de defender la seguridad física de la vida de las víctimas, también cuando la comunidad entera es totalmente olvidada por el gobierno, está en oposición directa con cualquier actividad paramilitar.

No existen “Triquis paramilitares del MULTI” como se muestra en el vídeo, solo ese nombre dado por el vídeo. Cuando UBISORT y MULT han recibido ayuda al desarrollo municipal por parte del gobierno en su uso también en el año 2010, han proporcionado los salarios de los hombres armados y camiones cargas de armas para mantener el cerco paramilitar y tiroteos en San Juan Copala. Pero los triquis del Municipio Autonomo de San Juan Copala, que han sido objeto desde el 2010 de persecuciones en lugar de recibir apoyo o protección por parte del gobierno, han sido conducidos a una situación en la que la masacre continua en su contra y sus derechos legales para la protección eran negados y ha sido capaces de proteger la vida de su gente solo obteniendo algún tipo de defensa para la seguridad de la comunidad.

4. Debido a que el gobierno ha permitido y favorecido durante décadas el comercio de armas y alcohol en el área y permitido en el 2010 que la masacre continúe en Copala y no ha desarmado todavía hoy a los paramilitares que masacraron a 25 personas (que eran vistos como defensores de la comunidad autónoma), por esto:

El gobierno es responsable de permitir la masacre y tal proliferación del uso mortal de armas en contra de la gente del Municipio Autónomo de San Juan Copala – y esta negligencia por parte del gobierno ha hecho necesario que esta gente tenga que defender sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad.

Gobierno es responsable de la inseguridad debido a su conexión con el comercio ilegal de armas y alcohol en la zona Triqui durante los últimos 70 años. Como las comunidades indígenas vivían antes de la colonización con más tranquilidad en sus tierras, cuando estas posesiones son robadas por los colonizadores quienes se las cambian por armas y alcohol con precio barato a estas personas de la comunidad, que ellos estiman que la mayoría de los que aprendieron a castellanizarse fueron preparados para servir a los colonizadores a oprimir al pueblo, el resultado es un círculo de asesinatos.Y también cuando los Triquis dispararon de muerte a la persona que ilegalmente les vendía armas, el ejército Mexicano vino a masacrar a los Triquis alrededor de San Juan Copala por medio de bombardeos de la zona desde tierra y aire en la década de los 50.

Al continuar el comercio de armas y alcohol en la zona y al permitir que se mate, prive o denigre a los Triquis sin proveer de seguridad o ejecutar castigo alguno, el gobierno ha negado la protección legal de sus derechos constitucionales básicos a la vida y a la seguridad durante décadas, forzando a la gente a intentar protegerse ellos mismos sus derechos a la vida y a la seguridad.

Si consideramos que tenemos el derecho a la provisión de policía y un ejército para nuestra seguridad incluso ante amenazas mucho menores, en la medida en que los Triquis han sido amenazados durante meses de tiroteos a sus casas por medio del cerco paramilitar, ellos tienen un igual derecho fundamental a la protección física de su seguridad. Como su derecho a la protección de la vida y la seguridad había sido descuidada por el gobierno, que todavía tienen ese derecho. (A menudo, la única manera que los Triquis han sido capaces de proteger su vida de la amenaza a ser disparados ha podido ser que algunas personas de su comunidad son conocidos por tener ellos también un arma: uno puede esperar que esto reduzca el interés de otros a dispararle. La gente debe ser responsable de ejercer como un guardia armado para la seguridad de la comunidad: no es justificable que las personas usen alcohol mientras sirve a la seguridad de la comunidad).

La condición histórica de México ha sido también tal la de haber sido colonizado por las autoridades establecidas para gobernar sobre las tierras indígenas a través de armas – como si el poder de las armas que más efectivamente matan fuese la fuente “legal” y legitimadora para la toma forzada de la tierra. Las comunidades indígenas fueron de esta manera forzadas a aprender a través de los siglos que la legitimación de la ocupación de la tierra y la autoridad “legal” sobre la tierra proviene de tener armas que matan de forma más efectiva. Los Triquis fueron forzados a aprender esto de una manera particularmente dura ya que miles de Triquis han sido heridos de muerte durante los dos últimos siglos: en todo momento en que no han actuado de forma que agrade a aquellos que tienen las armas que matan de forma más efectiva.

Esta ha sido la base en la que los Triquis han sido forzados a aprender a “respetar” la autoridad “legal” moderna, en este sentido como si el poder de negociación fuese autorizado por las armas modernas, como en tiempos de guerra se pueden dar negociaciones basadas en el poder militar de aquellos que están en guerra uno con el otro.

Pero si dentro de un estado la implementación legal de los derechos humanos y la justicia dependiese de “negociaciones” entre las víctimas y los miembros de aquellos grupos armados que los han violado y que no han sido todavía desarmados, si no que mantienen todavía el mismo poder de la violencia de las armas por medio del que han masacrado a la gente, el resultado de tales negociaciones está determinado por el poder ilegal paramilitar de las armas y por lo tanto:

En cuanto a los paramilitares se les permite conservar sus armas y la ciudad que han capturado por el cerco paramilitar y las masacres, las negociaciones entre ellos y las víctimas son determinados por la amenaza dictatorial de esas armas y de la masacre de más y son contrarias a derechos humanos, imperio de la ley o de cualquier solución democrática o jurídica o un diálogo libre.

El cometido de la policía y las autoridades no es esperar al resultado de las negociaciones con los paramilitares que han masacrado al menos a 25 víctimas, sino más bien arrestar, investigar y juzgar ya a aquellos que han destrozado, saqueado o capturado las casas de las víctimas desplazadas y que los previenen de su retorno seguro y los amenazan públicamente en las noticias con futuras “masacres”.

5. En la medida en que esta amenaza públicamente declarada de “masacre” contra cientos de víctimas desplazadas no es investigada, no resulta en cargos criminales y en la medida en que se deja sin protección para la seguridad y el retorno seguro de las víctimas, mientras que el gobierno se centra, en cambio, en proteger a periodistas de burlas en los medios sociales, habrá necesidad de investigaciones internacionales imparciales sobre esta severa discriminación de los derechos humanos de las víctimas desplazadas de la masacre.

El problemático procedimiento por el que los continuos asesinatos por todo México han sido legitimados por el anterior gobierno del PRI y el presente gobierno del PAN, es de hecho un procedimiento de shows exagerados en los que se muestra al gobierno tomando una actitud estricta en contra del crimen organizado, mientras en realidad la violencia criminal probablemente continuara expandiéndose con este tipo de medidas.

En la medida en que el interés primario tanto del anterior gobierno como de los líderes paramilitares detrás de la toma de la comunidad de manos de sus habitantes para ponerla bajo control paramilitar, no ha sido tanto el mero interés político, si no que el interés económico por los minerales, los bosques, la tierra, los cultivos, el agua o demás recursos naturales de la zona, debe tenerse en cuenta que:

Siempre y cuando los habitantes originales de la región continúen desplazados de su comunidad por violencia ilegal, cualquier intento de ocupar la zona para la explotación industrial sin su libre e informado consentimiento será una severa violación de sus derechos.

17 de junio 2011

Ville-Veikko Hirvelä, miembro de Viento Nuevo, villeveikkoh1@gmail.com

Notas y referencias:

1.Además, cuando Odette, una niña triqui desplazada del Municipio de autónomo de San Juan Copala, dijo el gobernador Gabino Cue el 30 de abril de 2011 que ella quiere volver a su casa en San Juan Copala, el gobernador dio a entender que el agente municipal que gobierna en Copala ha puesto el orden en la poblacion y que puede regresar sin peligro

2.http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/50886-ssp-simple-espectador

3.http://enfoqueoaxaca.com/aqui-y-ahora/ve-ubisort-privilegios-para-el-multi-en-zona-triqui/

4. http://www.cronicaoaxaca.info/politica/14299-pide-gabino-cue-a-periodistas-a-denunciar-amenazas-del-multi.html y http://www.rioaxaca.com/v1/general/noticias-oaxaca/24628-multi-amenaza-a-periodistas.html

5. http://www.e-oaxaca.mx/noticias/procesos-electorales/2346-pueblo-neutral-declaran-nuevas-autoridades-a-la-agencia-de-san-juan-copala.html

6. http://enfoqueoaxaca.com/aqui-y-ahora/ve-ubisort-privilegios-para-el-multi-en-zona-triqui/

7.http://sanjuancopalaoaxaca.wordpress.com/2011/06/13/virgilio-sanchez-leon-amenaza-al-municipio-autonomo-de-san-juan-copala-y-ataca-a-la-seccion-xxii/

8. http://www.e-oaxaca.mx/noticias/conflictos/2830-perdon-pide-ubisort-a-mult-y-multi-ofrece-retirar-denuncias-por-paz.html

9. http://www.youtube.com/watch?v=nawR0FdxcTk&feature=related

Declaran a Santa Catarina Xanaguia como Municipio Autónomo

Publicado el 16 junio, 2011 por Municipio Autónomo de San Juan Copala

Pobladores de Santa Catarina Xanaguia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, se declararon como Municipio Autónomo, porque el presidente de ese municipio Pedro Cruz Gonzáles, no quiere reconocer como ganador de las elecciones realizadas a Gonzalo Ramos Cruz.

El presidente de la comisión, Lanislao García Antonio fue nombrado por la comunidad para resolver el conflicto, ante los enfrentamientos que se han originado en la comunidad, por la falta de capacidad y cerrazón del Presidente Municipal de San Juan Ozolotepec.

Mencionó que desconocen a Cruz González, como presidente municipal de esa localidad, esta situación se da porque saben que detrás de todo esto esta Amador Jara.

Los habitantes de esa comunidad exigieron una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado, para que el directamente resuelva esa situación y que les sean entregados a ellos los ramos 28 y 33, para que den inicio a las obras en la población.

Por último aseguró que de no tener una pronta respuesta, iniciarán con una serie de movilizaciones en el estado.

El Municipio Autónomo de San Juan Copala en espera de la respuesta del gobernador Gabino Cué para poder regresar a San Juan Copala Oaxaca

Publicado el 9 junio, 2011 por Jovenes de la Región Triqui Copala Oaxaca, México y

Publicado el 9 junio, 2011 por Municipio Autónomo de San Juan Copala

A dos semanas de que el Municipio Autónomo de San Juan Copala llevara a cabo su marcha caravana “Del Color de la Sangre” en los Estados de Oaxaca, Puebla, Estado de México y Ciudad de México para pedir la solidaridad del pueblo mexicano y la seguridad en su regreso a San Juan Copala, la dirigente Reyna Martínez Flores, confirmó que el gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, se interpuso al retorno de los y las desplazadas debido a que no existen las condiciones de seguridad para su retorno por la presencia de más de 1,200 hombres fuertemente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) en los límites y en el centro de San Juan Copala.

“La marcha caravana “Del Color de la Sangre” se detuvo por órdenes del gobernador Gabino Cué, ya que nos dijo que no habían condiciones necesarias para entrar a San Juan Copala y que además los accesos estaban bloqueados por los grupos paramilitares MULT-PUP y UBISORT-PRI, lo que nos dijo que esperáramos algunos días”.

Asimismo, la representante de los y las desplazadas del Municipio Autónomo de San Juan Copala, recalcó que en estos momentos están a la espera de la respuesta que prometió Cué Monteagudo.

“Fue el propio Gabino Cué quien ofreció garantías de seguridad a los y las desplazadas del municipio autónomo para su regreso a San Juan Copala”.

En este sentido, el gobernador ofreció una mesa de trabajo el pasado sábado en donde se acordó que los y las desplazadas esperarían una fecha para poder regresar a San Juan Copala ya que por el momento no hay condiciones para hacerlo.

“Gabino Cué nos recibió el sábado 28 de mayo a las 10:00 de la mañana y se instaló la mesa permanente”, dijo.

Martínez Flores, reafirmó que más de 750 familias desplazadas del Municipio Autónomo de San Juan Copala sólo están a la espera de la respuesta del gobernador Cué Monteagudo para poder regresar a su comunidad.

Violencia policial contra mapuches: “Los niños tienen que alojarse en las montañas”

de Ukhamawa Noticias, el miércoles, 20 de abril de 2011 a las 21:57

Mapuche denuncian excesos de Carabineros:

Paula Correa

Hasta la Fiscalía Militar de Valdivia llegaron representantes de comunidades mapuche de Panguipulli para denunciar a funcionarios de Carabineros por los abusos que cometen en la zona.

El werkén del parlamento de Koz Koz, Jorge Hueque, indicó que los efectivos policiales se exceden en sus atribuciones de cuidar el fundo Trafún, propiedad de la empresa forestal Las Vertientes, realizando allanamientos ilegales a las comunidades del sector.
"A las 6 de la tarde ingresan a la comunidad y empiezan a perseguir a la gente, que tiene que alojarse en las montañas, persiguen hasta a los niños. Los niños tienen que alojarse en el monte, ir al colegio en la madrugada y volver. La gente va a quedar con trauma", narró.
Algunos de los mapuche relataron haber sido detenidos sin tener participación en alguna acción contra el fundo, mientras realizaban sus labores en las comunidades Juan Painepe y Vicente Reinahuel. Entre ellos está Francisco Reinahuel, de 84 años, quien la semana pasada fue aprehendido por los policías y luego derivado al juzgado de garantía de Valdivia."Me pegaron y maltrataron, me quedé medio enfermo, me torcieron el cogote, el brazo, me pisaron. Y fueron a hacer pedazos mi chaqueta y me botaron todas las cosas", aseguró.
Y aunque Carabineros ampara su accionar en órdenes emanadas por la Fiscalía para realizar los allanamientos, estas acciones vulneran gravemente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ampara el desarrollo y la cultura de los pueblos originarios y del cual nuestro país es suscriptor.
Lonko Juana Calfunao sigue en Suiza
El werkén de la comunidad Juan Paillalef, Antonio Cadín, se refirió al viaje de Juana Rosa Calfunao a Suiza. Pese a su orden de arraigo nacional, la lonko fue a reunirse con su hija Rellmutray, de 13 años, autoexiliada en el país europeo, contando con la autorización de la Seremi de Justicia, que concedió este permiso "por razones humanitarias".
Hoy la menor se encuentra fuertemente afectada por el reencuentro, que le recordó las duras situaciones que debió enfrentar en Chile al interior de la comunidad Juan Paillalef, como la quema de su casa y la detención de toda su familia, que la dejó en un completo estado de desprotección y la obligó a radicarse en dicho país.
Antonio Cadín se refirió a la situación que afecta a su hija Rellmutray, quien se encuentra hospitalizada hace semanas y al eventual retorno de su pareja la lonko quien recordemos, sólo cuenta con autorización para ausentarse del país hasta el 21 de abril, es decir, este jueves: "La niña sigue en el hospital y pronto van a enviar un informe al Gobierno de Chile, de la situación de mi hija. Juana no va a poder regresar mientras no se aclare el estado de salud de nuestra hija", dijo.
La situación es angustiante para los padres y líderes de la comunidad, quienes desean que Rellmutray vuelva a Chile a vivir con su familia. Sin embargo, el gobierno suizo no está dispuesto a dejar partir a la menor mientras no se garantice que contará con un pleno respeto a sus derechos y las condiciones básicas necesarias.
En este sentido, Cadín hizo un llamado al gobierno chileno a responder la carta que entregaron al Presidente el 14 de febrero, solicitándole que se pronuncie sobre temas fundamentales para la comunidad y que podrían garantizar la estabilidad de la niña. Uno de esos aspectos es la recuperación de los territorios ancestrales. "No vemos dentro del Gobierno que se incorpore el tema territorial. Este Gobierno dijo que iba a resolverlo y hoy no vemos ninguna señal de ese anuncio, a más de un año", cuestionó.
Una situación que preocupa a los comuneros, ya que esta familia y la comunidad constituyen un grupo emblemático en la lucha de la causa mapuche y por el respeto a sus derechos políticos y territoriales.

Fuente:

http://radio.uchile.cl/noticias/111285/

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