Los indígenas disfrutan de los mismos privilegios y responsabilidades que cualquier otro ciudadano mexicano, según aquello que establezca la constitución federal y las constituciones estatales, pero, además, tienen el derecho de decidir sus formas de organización social, política, económica y cultural, y de elegir de acuerdo con sus propias prácticas históricas y tradicionales, a sus gobernantes internos, siempre que otorguen a las mujeres los mismos derechos que a los hombres [1]
El Municipio Autónomo de San Juan Copala ha inaugurado a nivel continental una nueva forma de construir las autonomías indígenas.
A diferencia del proceso autonómico de Chiapas, donde una fuerza militar, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se hizo mediante la insurrección armada de un determinado territorio, donde posteriormente inaugura otra forma de organización que da como resultado lo que hoy se conoce como municipios autónomos zapatistas, Caracoles o juntas de buen gobierno.
A diferencia de la experiencia de la Policía Comunitaria, donde un gobierno municipal con amplia base social que cuenta con el reconocimiento explicito de las autoridades del Estado y de los poderes fácticos de la región, construye una manera eficiente de prevenir y enfrentar la inseguridad fortaleciendo el control del territorio que legal y legítimamente la comunidad detenta.
A diferencia de numerosas experiencias de recuperación de la territorialidad y ejercicio de autonomía que se han dado en Estados Unidos y Canadá donde por la vía legal, a través del reconocimiento de los tribunales a los derechos establecidos en las leyes, pactos y escrituras o títulos primordiales otorgados por los conquistadores durante la época colonial.
A diferencia de los procesos en Colombia, donde la autonomía indígena se ha construido al margen de la violenta confrontación armada entre la guerrilla y el gobierno, pero aprovechando los resquicios que esta circunstancia ha creado en el escenario nacional.
A diferencia del proceso autonómico que se dieron en el norte de Nicaragua luego de los acuerdos establecidos para poner fin a la violenta confrontación armada alentada por los Estados Unidos entre “la contra” y el gobierno sandinista.
A diferencia de la autonomía construida como una hermosa filigrana en todo el territorio de Bolivia a partir de la revuelta y resistencia masiva que logra derrotar a un gobierno, establecer otro y construir una nueva constitución.
El Municipio Autónomo de San Juan Copala ha sido construido por un camino diferente que podríamos denominar, por la vía de los hechos.
Si bien en América, sobre todo después de la derrota del periodo colonial diversos pueblos indígenas llegaron a ejercer –cuando las circunstancias lo permitieron– ciertos niveles de autonomía por la vía de los hechos, la experiencia de San Juan Copala es un ejercicio novedoso a nivel continental que proclama abiertamente y sin tapujos su derecho a la libre determinación, sin mediar ni una insurrección armada, ni una petición legal que lo subordine al Estado, ni ninguna de las muchas variantes que pueden existir entre ambos procedimientos. Estamos ante una estrategia novedosa, una forma “muy otra” de construcción de autonomía.
La respuesta del gobierno mexicano
El Estado mexicano ha reaccionado al problema planteado por las comunidades triquis que en enero del 2007 proclamaron su derecho a la libre determinación y ejercieron su autonomía, con la misma estrategia, eficiencia y rapidez que habitualmente responde a los grandes problemas nacionales.
Esto es: los ignora o pretende ignorarlos hasta que la fuerza de los mismos problemas, ahora desbordados lo hace responder equívocamente, aplicando acciones derivadas de un diagnóstico que nunca hizo, y que tienen por fin administrar el problema con vistas que los gobernantes y sus partidos salgan lo mejor librado en la siguiente elección.
Lejos de hacer una reflexión sobre el problema teórico-jurídico, político, social y cultural que plantea a la nación la proclamación por la vía de los hechos de un municipio autónomo indígena, el Estado mexicano ha pretendido ignorar que existe dicha proclamación y ha limitado su actuación a comentarios marginales tales como “ “La autonomía no está contemplada en ninguna de las leyes mexicanas” (Ulises Ruiz y Felipe de Jesús Zamorano Subsecretario de Gobernación representando al Estado Mexicano ante la CIDH, 26 de marzo del 2011), o “en la región triqui de San Juan Copala volverá la paz pero no será bajo la figura de Municipio Autónomo” (Gabino Cue en declaraciones a José Reyes, Revista Contralínea).
Pero el Estado mexicano en realidad no ha ignorado la instauración de la autonomía en la zona triqui baja. Si bien no se ha pronunciado oficialmente, no ha tenido ninguna reacción oficial, ningún acuse de recibo formal, si ha considerado el surgimiento del Municipio Autónomo como el principal factor de riesgo que amenaza el “equilibrio” que han establecido a sangre y fuego los grupos sociales armados que de de facto controlan paramilitarmente la región triqui y consecuentemente con esta visión, está a la espera de la reducción o control del problema planteado reiterando siete rutinas:
Uno. El aislamiento y silencio en torno al problema. Se trata de restar importancia o mantener oculto hasta donde sea posible el nuevo paradigma que plantea la iniciativa de una autonomía indígena por la vía de los hechos.
Dos. La emulación de las formas control tradicionales en la zona, mediante el dispendio de dinero gubernamental a las organizaciones corporativas MULT y UBISORT y simultáneamente el ahogamiento financiero a las comunidades que se proclaman autónomas, de tal manera que estas “comprendan” las ventajas de estar con MULT y UBISORT y las desventajas de estar del lado de la autonomía.
Tres. Al no entender el por qué y el para qué de la autonomía, el Estado mexicano no ha tenido la intención de contener la violencia paramilitar que se comete contra el pueblo triqui. Una marejada de sangre ha desbordado hasta niveles internacionales el problema, sin que ninguno de los crímenes se haya castigado penalmente o estén en vías de hacerlo.
Cuatro: Además de esta impunidad, el Estado mexicano ha otorgado protección y facilidades al MULT y Ubisort, organizaciones corporativas que se asumen como las damnificadas inmediatas de la proclamación de la autonomía, autorizándolas de facto en consecuencia a que reduzcan por la vía paramilitar el proyecto autonómico.
Cinco: El Estado mexicano no ha considerado que la propuesta de autonomía de San Juan Copala pudiera ser solo una respuesta a su incapacidad por atender el rezago, la injusticia y la inseguridad contra un pueblo indígena.
Seis: El Estado tampoco ha podido responder a las consecuencias, esto es, la dramática situación, la crisis humanitaria que han causado tantos ataques contra la población civil, ni en lo que respecta a las viudas, huérfanos, mujeres violadas, y poblaciones enteras desplazadas.
Siete. El Estado mexicano lejos de generar una estrategia de intervención frente al problema, ha quedado en espera de que el problema se resuelva solo y además, al menos a nivel estatal, el gobernador Gabino Cue se ha declarado a sí mismo parte del problema, y no de la solución, al auto identificarse como “uno más en la lucha del MULT”, con lo que se ha extendido a sí mismo un certificado de incompetencia para resolver el conflicto.
En prospectiva, la única opción que esta errática deriva gubernamental deja en el escenario actual es que el MULT logre a mediano plazo imponer la paz por medio de la aniquilación de la resistencia autonómica indígena.
La Autonomía en San Juan Copala: Un problema planteado que espera solución
La historia del pueblo triqui es la historia de sus represiones. El Estado mexicano ha pasado de la represión caciquil tradicional por medio de pistoleros (1827-1960), a la ocupación militar del territorio, el bombardeo contra poblaciones (1960-1980), la cooptación de la organización indígena mediante el asesinato selectivo de líderes naturales (1980-1994), el control corporativo de la población indígena mediante el control de los recursos financieros de los proyectos productivos, asistenciales gubernamentales destinados a la zona y mediante sanciones extrajudiciales que van de multas hasta la ejecución de quien desatiende los usos y costumbres corporativos impuestos ya sea por el MULT o por Ubisort (1990-2011), y en los últimos 3 años (2007-2011) la represión contra el pueblo triqui ha pasado del control meramente corporativo violento, al terrorismo paramilitar como forma principal de dominación.
Así las cosas el actual conflicto en la zona triqui baja tiene diversas posibles desembocaduras. 1.- O bien la gente del pueblo triqui organizada en Municipio Autónomo desiste de su idea y se subordina de nueva cuenta al MULT, o UBISORT, como lo vino haciendo hasta el 2006-2007. 2.- O bien las fuerzas paramilitares del MULT, con la aquiescencia, complicidad o protección del Estado terminan de aniquilar esta opción organizativa asesinando a las familias, activistas, defensores y periodistas más identificados y obligando al repliegue, destierro o a la clandestinidad al resto de la población. 3.- O bien el Estado mexicano hace acuse de recibo de que el algún lugar del país una determinada cantidad de comunidades indígenas están proclamando y ejerciendo su derecho a la libre determinación, y en consecuencia procede al dialogo, al análisis conjunto del problema, a la búsqueda de los mecanismos disponibles en la estructura jurídica del país para satisfacer las aspiraciones a la libre determinación que estas comunidades han planteado.
En realidad la intervención del Estado mexicano frente a las posibles desembocaduras del conflicto de San Juan Copala se pueden representar en dos grandes vertientes: Una: Silenciar, aniquilar, reducir o capotear a los autónomos. Dos: Hacer acuse de recibo de la demanda, escucharla, atenderla. Todo lo anterior no descarta la posibilidad de una gran cantidad de escenarios intermedios entre ambos polos.
Pero independientemente a la cercanía a uno u otro polo de salida (represión o diálogo) que tenga como resultado final el conflicto actual, es evidente que de las dos rutas existentes el Estado mexicano ha caminado hasta el momento solo por la primera: Silenciar, aniquilar, capotear el reclamo indígena.
No será el de San Juan Copala (si finalmente esta estrategia o deriva política del Estado se impone definitivamente) el primero caso de un pueblo (o de la parte rebelde de un pueblo) que termine siendo aniquilado en México. Numerosos pueblos, naciones y comunidades han sido perseguidos hasta el exterminio, decenas de otros pueblos, naciones, tribus han sido aniquilados a raíz de la conquista y durante el México contemporáneo y a otros les falta ya muy poco para desaparecer “pacíficamente” por completo.
Pero ¿De verdad tiene que ser así? ¿De verdad los intereses del Estado pasan por la aniquilación de este pueblo y solo queda sentarse a esperar para ver como termina la masacre? ¿El Estado mexicano no puede responder más allá de los intereses políticos de los actores gubernamentales del conflicto y se tiene que subordinar y aceptar como propios los intereses electorales, las filias políticas, los encasillamientos ideológicos, la lasciva pecuniaria, la incapacidad y tibieza operativa y de funcionarios como Ulises Ruiz, Gabino Cue o Felipe Calderón?
Propuesta política de solución
El Estado mexicano no ha buscado atender las causas estructurales del conflicto. No ha atendido ni entendido la propuesta de autonomía como una respuesta a esa incapacidad del Estado por atender el rezago y la injusticia contra un pueblo indígena. Tampoco ha tenido la capacidad ni la intención de contener la violencia paramilitar que se comete contra el pueblo triqui, pero también contra periodistas locales y nacionales, y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales. El Estado tampoco ha podido atender la crisis humanitaria por el sitio, asalto y desplazamiento contra poblaciones enteras. Esta ruta no ha traído ninguna solución al conflicto. Insistir en ella lo único que va a traer en el futuro próximo es un conflicto de proporciones aún impredecibles.
Y sin embargo el problema tiene una solución que pasa por atender algunos elementos básicos:
1.- El Estado debe entender y atender las causas estructurales que dieron origen al problema.
2.- Debe reconocer que el pueblo triqui, una porción de este, o cualquier pueblo o comunidad indígena, tiene derecho a escoger libremente las formas de organización que determinen en el marco del Estado nacional. Por lo tanto el Estado lejos de combatir o ignorar una empresa como la que se ha plantado el Municipio Autónomo le debe brindar toda la asistencia para que pueda lograr su propósito en el marco de los mecanismos legales existentes en México y en el ámbito internacional.
3.- Recuperar el acceso de la población a la jurisdicción del Estado en materia de justicia. El Estado no puede abdicar de sus funciones innatas en ninguna parte del territorio nacional. Se debe proceder de inmediato a la detención de los causantes de las muertes de las dos locutoras de la radio “La Voz que Rompe el Silencio”, y de los asesinatos y emboscadas del 1ª de noviembre del 2009, 10 de enero, 16 de abril, 27 de abril, 20 de mayo, 23 de agosto, 11 al 19 de septiembre, 16 de octubre, 29 de diciembre del 2010, entre otros. Con la detención de estas personas se estaría deteniendo a los autores materiales de cientos de asesinatos en la región, producidos a lo largo de numerosas emboscadas en las últimas décadas. Los asesinos, secuestradores y violadores deben ser sometidos a juicio y encarcelado, no importando ni su jerarquía, ni su nivel de interlocución con el actual gobierno, la ley es para todos y mientras subsista la impunidad nunca se resolverá el problema.
Esto implica también detener y encarcelar a los autores materiales e intelectuales de la muerte de Heriberto Pazos, Anastacio Juárez, Maximiliano Bautista Martínez y Julián Martínez Ramírez. No se trata solo de detener a los que dispararon, sino también de los que dieron las órdenes, el dinero y la cobertura.
4.- Retorno inmediato de todos los desplazados de San Juan Copala a sus hogares, reparación de los daños causados por el cerco y la toma paramilitar del poblado. Reparación del daño económico causado por la pérdida de vidas humanas a las viudas y a los huérfanos. Reparación del daño económico causado por heridas, secuestros y violaciones. Atención a las carencias sociales, económicas, culturales y psicológicas causadas por el cerco y la toma paramilitar de San Juan Copala.
5.- Reestructuración administrativa y territorial en San Juan Copala, reconocimiento de la nueva poligonal política de las comunidades que conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala.
6.- Acciones afirmativas para garantizar la seguridad y protección de los habitantes de esas localidades.
7.- Reconocimiento de los actores sociales, que la solución del problema no significa la aniquilación de una u otra organización. Los indígenas triquis tienen derecho a pertenecer a la organización que quieran. El respeto a los espacios y la dignidad de las personas será un elemento básico para mantener la paz que se logre en la región. Detenidos y castigados los elementos que han causado muertes y acciones violentas contra la población triqui, MULT y Ubisort tienen una importante oportunidad de reconstituirse como organizaciones sociales.
8.- Acabar con el aislamiento de la zona triqui. Un elemento determinante para que la impunidad y el paramilitarismo hayan prevalecido durante tantas décadas en territorio triqui, es el aislamiento intencional al que han sido sometidos. En toda la región triqui aledaña a San Juan Copala no hay un solo teléfono celular que funcione. Los teléfonos fijos establecidos en algunas otras localidades son imposibles de usar debido a la violencia contra cualquier autónomo que transite en la zona. El Estado mexicano debe de inmediato a) Dotar preventivamente de teléfonos satelitales a las autoridades de las comunidades triquis en el área de conflicto. b) Restituir y ampliar el servicio de telefonía rural en San Juan Copala, una vez realizado el retorno de los desplazados, y en las demás comunidades del Municipio Autónomo. c) Establecer el servicio de telefonía celular normal en toda la región. d) establecer el servicio de Internet en todas las comunidades del Municipio Autónomo. e) Restituir y garantizar la seguridad para la radio comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”. f) dar garantías de seguridad al libre tránsito de vehículos, bienes y personas.
9.- Suspender cualquier concesión o permiso de explotación o exploración de recursos minerales que se haya dado en el territorio de las comunidades triquis organizadas en Municipio Autónomo. Cancelar los permisos de explotación de los recursos forestales.
10.- El Congreso de la Unión, por medio de la Comisión Plural para el Tema de San Juan Copala debe brindar recursos económicos con el objeto de que el Municipio Autónomo de San Juan Copala pueda contar con la asesoría legal del más alto nivel a fin de que pueda integrar jurídicamente ante el Congreso del Estado de Oaxaca su demanda de derogación de la ley de 1948 que suprimió el Municipio Libre y Soberano de San Juan Copala.
La paz solo es posible como resultado de la justicia y el respeto a la dignidad de las personas. Esto es el elemento que debemos considerar si queremos avanzar en la dirección de la solución del dramático conflicto de San Juan Copala.
Podemos ser optimistas respecto a lo que finalmente podría resultar una cadena de determinaciones, acciones que lleven a la solución del conflicto tal y como se presenta hasta el día de hoy. El problema se ve difícil, las soluciones no. Entiendo las dificultades filosóficas de funcionarios que para resolver un problema pretenden que los actores agredidos, renuncien a sus derechos fundamentales, en un argumento premoderno que traducido a otras esferas diría así: “Si no quieres que usen la violencia mientras te violan, renuncia a tu derecho a no ser violado(a), relájate”, o que pretender reunir a violadores con sus víctimas para que “lleguen a un acuerdo”.
Afortunadamente los 10 puntos propuestos se traducen en acciones perfectamente dimensionables y que de por si corresponden a las funciones del Estado.
