17 junio, 2011
Gabino Cue ha mejorado mucho el estado legal del gobierno en Oaxaca si lo comparamos con el gobierno anterior de Ulises Ruiz. El arresto del líder paramilitar de UBISORT, Rufino Juarez Hernandez es un paso importante para proteger los derechos humanos, la justicia y necesita ser seguido con más pasos en la misma dirección.
Con este objetivo existe la necesidad de clarificar mejor la condición actual de los hechos presentados a continuación.
1. Durante los últimos 7 meses el gobierno de Oaxaca ha dado a entender a la gente desplazada de la municipalidad autónoma de San Juan Copala y al público en general, que ya no existe amenaza en la zona y que aquellos que gobiernan localmente permitirán regresar a la gente de San Juan Copala. (1) Esto es sin embargo falso:
Cuando la semana pasada el gobierno intento asegurar las condiciones para la vuelta de los desplazados, por lo que incluso con sus más de 200 policías “la policía estatal no logró entrar hasta el municipio” dado que “aún persisten las condiciones de riesgo”, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP). (2)
Además el representante de UBISORT, que participa en el gobierno de Copala después de tomarlo tras la masacre del 2010, amenaza ahora que si el gobierno intenta cumplir con su responsabilidad de asegurar el retorno de los desplazados, “Una acción así por parte del gobierno, desataría una masacre en contra de los miembros del Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui (MULTI)”. (3)
2.En la medida en que las autoridades son responsables de tomar en consideración cargos criminales, una amenaza así, hecha públicamente sobre futuras “masacres” de cientos de víctimas desplazadas, es una amenaza criminal de gran gravedad previniendo también al gobierno cumplir con sus responsabilidades con respecto a los derechos y la seguridad de las víctimas.
Pero en lugar de solicitar cargos criminales en contra de esta amenaza sobre las futuras “masacres” de las víctimas, el gobernador públicamente ha requerido cargos criminales en contra de algunos de los defensores de los derechos de estas víctimas – pretendiendo en cambio defender los derechos de los periodistas Jaime Guerrero y Virgilio Sanchez León ante vulgares habladurías en los medios sociales, donde se mantuvo que Jaime Guerrero merecía escupitajos u orina en su cara. (4)
Las noticias de Jaime Guerrero han engañado al público y al gobierno llevandolos a creer que el agente municipal a quien la UBISORT ha puesto en San Juan Copala a través de la masacre, habría sido “neutral” para gobernar allí. Ahora estos gobernantes “neutrales” quienes “no harán distinción a ningún grupo” pero permitirán a todos los triquis regresar a san Juan Copala sin una amenaza (de acuerdo a las noticias de Jaime Guerrero) (5) amenazo a las victimas desplazadas de futuras “masacres” si ellos regresan (6).
Su colega periodista, Virgilio Sánchez León ha escrito que su periodismo tiene por objetivo mostrar como “pseudovíctimas y pseudodesplazadas” y “paramilitares” a estas víctimas desplazadas en el vídeo que han producido. (7)
Debido a que estas víctimas fueron dejadas sin hogar por la violencia, con la que se asesinó a muchos miembros de la comunidad, incluso algunas de las víctimas sobrevivientes todavía tenían balas de armas paramilitares en sus cuerpos, las autoridades Mexicanas están obligadas por el IACHR a proteger sus derechos y su seguridad como víctimas de un desplazamiento violento.
Denegando los derechos básicos de estas víctimas, este tipo de periodismo de Virgilio Sánchez León y Jaime Guerrero es severamente más amenazante e insultante que cualquier habladuría vulgar en los medios sociales afirmando que alguien merezca escupitajos u orina en su cara.
Miles de personas son por desgracia objetivos a diario de palabras igualmente vulgares en los medios sociales, sin que muchos de ellos piensen o se quejen de que sea particularmente insultante. Estas vulgaridades no son apropiadas o aceptables, sin embargo palabras mucho más amenazantes son usadas en los medios sociales en cantidad de ocasiones y a diario, no solo en México, sino que también en la Unión Europea, USA y el resto del mundo, sin resultar en cargos criminales algunos.
Todas las amenazas a los derechos humanos deben ser investigadas igualmente de acuerdo con cual es su impacto amenazante. Amenazar a cientos de víctimas desplazadas públicamente en las noticias con futuras “masacres” así como negar sus derechos legales como víctimas desplazadas (presentándolas como paramilitares responsables de la masacre de la que fueron objeto) es claramente una amenaza criminal más severa que alguien escribiendo en los medios sociales que otro merece escupitajo u orina en su rostro.
3. Virgilio Sánchez León ha llevado con sus amigos al público también el vídeo antes mencionado de acuerdo con el que las víctimas desplazadas, a raíz de la masacre del Municipio autónomo San Juan Copala, serían ellas mismas los paramilitares responsables de los asesinatos.
Sin embargo, es claro que en la gran mayoría de los recientes homicidios en el área donde fueron asesinados principalmente estos defensores de la autonomía de San Juan Copala – como se verifica incluso por las noticias de Jaime Guerrero. (8)
Además, el vídeo muestra de hecho las condiciones en las cuales vivia la comunidad cuando fue rodeada por todas partes por el bloqueo paramilitar, el que continuó y en el que se disparó y mató durante meses. (9)
El gobierno ha permitido que en la pequeña región de Copala cientos de asesinatos y violaciones de los derechos humanos continúen por décadas, sin arrestos ni castigos, e incluso ha establecido y financiado organizaciones que llevan a cabo estas violaciones.
Debido a que el gobierno ha negado la seguridad legal y la protección de los derechos humanos fundamentales de esta gente durante décadas, e incluso ha ayudado a los paramilitares que masacraron a la comunidad, la responsabilidad de la gente en tal situación para con los derechos humanos les obliga a proteger la vida y la seguridad de la comunidad por todos los medios a su alcance.
Considerando que los defensores de la autónomia San Juan Copala han sido asesinados en su mayoría en la zona desde Noviembre del 2009 y que fueron masacrados por grupos armados que obtuvieron a través del gobierno un apoyo tan vasto, sostén que los defensores de la autonomía no obtuvieron, por consiguiente:
Al sufrir la falta del poder físico de la protección, tanto estatal como de otras instancias, no es lógico llamarles “paramilitares”. Ser un grupo “paramilitar” requiere algún tipo de aprobación o el mantenimiento por parte del gobierno o las autoridades militares de la actividad ilegal del grupo apoyada por el estado.
Como el gobierno ha denunciado más bien activamente la municipalidad autónoma de San Juan Copala, es también en este sentido un error lógico llamar a los defensores de la municipalidad autónoma “paramilitares”.
El vídeo no incluye ninguna prueba de que la gente del Municipio Autónomo de San Juan Copala tuviese ese tipo de conexión paramilitar propio de la actividad militar ilegal apoyada por el estado. Tampoco el vídeo prueba que usase sus armas además de para defenderse en la situación desesperada en la que sus derechos fundamentales a la vida estaban bajo una amenaza extrema, sitiados por los tiroteos paramilitares, y denigrados también por el estado. El vídeo parece utilizar el término “paramilitar” como si significase simplemente “persona con un arma”, de lo que no es sin embargo sinónimo.
Como el gobierno ha negado el apoyo y la protección a la existencia de la comunidad entera, forzando a la gente a auto-defenderse incluso en su derecho más básico a la vida, la responsabilidad de esa gente de defender la seguridad física de la vida de las víctimas, también cuando la comunidad entera es totalmente olvidada por el gobierno, está en oposición directa con cualquier actividad paramilitar.
No existen “Triquis paramilitares del MULTI” como se muestra en el vídeo, solo ese nombre dado por el vídeo. Cuando UBISORT y MULT han recibido ayuda al desarrollo municipal por parte del gobierno en su uso también en el año 2010, han proporcionado los salarios de los hombres armados y camiones cargas de armas para mantener el cerco paramilitar y tiroteos en San Juan Copala. Pero los triquis del Municipio Autonomo de San Juan Copala, que han sido objeto desde el 2010 de persecuciones en lugar de recibir apoyo o protección por parte del gobierno, han sido conducidos a una situación en la que la masacre continua en su contra y sus derechos legales para la protección eran negados y ha sido capaces de proteger la vida de su gente solo obteniendo algún tipo de defensa para la seguridad de la comunidad.
4. Debido a que el gobierno ha permitido y favorecido durante décadas el comercio de armas y alcohol en el área y permitido en el 2010 que la masacre continúe en Copala y no ha desarmado todavía hoy a los paramilitares que masacraron a 25 personas (que eran vistos como defensores de la comunidad autónoma), por esto:
El gobierno es responsable de permitir la masacre y tal proliferación del uso mortal de armas en contra de la gente del Municipio Autónomo de San Juan Copala – y esta negligencia por parte del gobierno ha hecho necesario que esta gente tenga que defender sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad.
Gobierno es responsable de la inseguridad debido a su conexión con el comercio ilegal de armas y alcohol en la zona Triqui durante los últimos 70 años. Como las comunidades indígenas vivían antes de la colonización con más tranquilidad en sus tierras, cuando estas posesiones son robadas por los colonizadores quienes se las cambian por armas y alcohol con precio barato a estas personas de la comunidad, que ellos estiman que la mayoría de los que aprendieron a castellanizarse fueron preparados para servir a los colonizadores a oprimir al pueblo, el resultado es un círculo de asesinatos.Y también cuando los Triquis dispararon de muerte a la persona que ilegalmente les vendía armas, el ejército Mexicano vino a masacrar a los Triquis alrededor de San Juan Copala por medio de bombardeos de la zona desde tierra y aire en la década de los 50.
Al continuar el comercio de armas y alcohol en la zona y al permitir que se mate, prive o denigre a los Triquis sin proveer de seguridad o ejecutar castigo alguno, el gobierno ha negado la protección legal de sus derechos constitucionales básicos a la vida y a la seguridad durante décadas, forzando a la gente a intentar protegerse ellos mismos sus derechos a la vida y a la seguridad.
Si consideramos que tenemos el derecho a la provisión de policía y un ejército para nuestra seguridad incluso ante amenazas mucho menores, en la medida en que los Triquis han sido amenazados durante meses de tiroteos a sus casas por medio del cerco paramilitar, ellos tienen un igual derecho fundamental a la protección física de su seguridad. Como su derecho a la protección de la vida y la seguridad había sido descuidada por el gobierno, que todavía tienen ese derecho. (A menudo, la única manera que los Triquis han sido capaces de proteger su vida de la amenaza a ser disparados ha podido ser que algunas personas de su comunidad son conocidos por tener ellos también un arma: uno puede esperar que esto reduzca el interés de otros a dispararle. La gente debe ser responsable de ejercer como un guardia armado para la seguridad de la comunidad: no es justificable que las personas usen alcohol mientras sirve a la seguridad de la comunidad).
La condición histórica de México ha sido también tal la de haber sido colonizado por las autoridades establecidas para gobernar sobre las tierras indígenas a través de armas – como si el poder de las armas que más efectivamente matan fuese la fuente “legal” y legitimadora para la toma forzada de la tierra. Las comunidades indígenas fueron de esta manera forzadas a aprender a través de los siglos que la legitimación de la ocupación de la tierra y la autoridad “legal” sobre la tierra proviene de tener armas que matan de forma más efectiva. Los Triquis fueron forzados a aprender esto de una manera particularmente dura ya que miles de Triquis han sido heridos de muerte durante los dos últimos siglos: en todo momento en que no han actuado de forma que agrade a aquellos que tienen las armas que matan de forma más efectiva.
Esta ha sido la base en la que los Triquis han sido forzados a aprender a “respetar” la autoridad “legal” moderna, en este sentido como si el poder de negociación fuese autorizado por las armas modernas, como en tiempos de guerra se pueden dar negociaciones basadas en el poder militar de aquellos que están en guerra uno con el otro.
Pero si dentro de un estado la implementación legal de los derechos humanos y la justicia dependiese de “negociaciones” entre las víctimas y los miembros de aquellos grupos armados que los han violado y que no han sido todavía desarmados, si no que mantienen todavía el mismo poder de la violencia de las armas por medio del que han masacrado a la gente, el resultado de tales negociaciones está determinado por el poder ilegal paramilitar de las armas y por lo tanto:
En cuanto a los paramilitares se les permite conservar sus armas y la ciudad que han capturado por el cerco paramilitar y las masacres, las negociaciones entre ellos y las víctimas son determinados por la amenaza dictatorial de esas armas y de la masacre de más y son contrarias a derechos humanos, imperio de la ley o de cualquier solución democrática o jurídica o un diálogo libre.
El cometido de la policía y las autoridades no es esperar al resultado de las negociaciones con los paramilitares que han masacrado al menos a 25 víctimas, sino más bien arrestar, investigar y juzgar ya a aquellos que han destrozado, saqueado o capturado las casas de las víctimas desplazadas y que los previenen de su retorno seguro y los amenazan públicamente en las noticias con futuras “masacres”.
5. En la medida en que esta amenaza públicamente declarada de “masacre” contra cientos de víctimas desplazadas no es investigada, no resulta en cargos criminales y en la medida en que se deja sin protección para la seguridad y el retorno seguro de las víctimas, mientras que el gobierno se centra, en cambio, en proteger a periodistas de burlas en los medios sociales, habrá necesidad de investigaciones internacionales imparciales sobre esta severa discriminación de los derechos humanos de las víctimas desplazadas de la masacre.
El problemático procedimiento por el que los continuos asesinatos por todo México han sido legitimados por el anterior gobierno del PRI y el presente gobierno del PAN, es de hecho un procedimiento de shows exagerados en los que se muestra al gobierno tomando una actitud estricta en contra del crimen organizado, mientras en realidad la violencia criminal probablemente continuara expandiéndose con este tipo de medidas.
En la medida en que el interés primario tanto del anterior gobierno como de los líderes paramilitares detrás de la toma de la comunidad de manos de sus habitantes para ponerla bajo control paramilitar, no ha sido tanto el mero interés político, si no que el interés económico por los minerales, los bosques, la tierra, los cultivos, el agua o demás recursos naturales de la zona, debe tenerse en cuenta que:
Siempre y cuando los habitantes originales de la región continúen desplazados de su comunidad por violencia ilegal, cualquier intento de ocupar la zona para la explotación industrial sin su libre e informado consentimiento será una severa violación de sus derechos.
17 de junio 2011
Ville-Veikko Hirvelä, miembro de Viento Nuevo, villeveikkoh1@gmail.com
Notas y referencias:
1.Además, cuando Odette, una niña triqui desplazada del Municipio de autónomo de San Juan Copala, dijo el gobernador Gabino Cue el 30 de abril de 2011 que ella quiere volver a su casa en San Juan Copala, el gobernador dio a entender que el agente municipal que gobierna en Copala ha puesto el orden en la poblacion y que puede regresar sin peligro
4. http://www.cronicaoaxaca.info/politica/14299-pide-gabino-cue-a-periodistas-a-denunciar-amenazas-del-multi.html y http://www.rioaxaca.com/v1/general/noticias-oaxaca/24628-multi-amenaza-a-periodistas.html
5. http://www.e-oaxaca.mx/noticias/procesos-electorales/2346-pueblo-neutral-declaran-nuevas-autoridades-a-la-agencia-de-san-juan-copala.html
6. http://enfoqueoaxaca.com/aqui-y-ahora/ve-ubisort-privilegios-para-el-multi-en-zona-triqui/
7.http://sanjuancopalaoaxaca.wordpress.com/2011/06/13/virgilio-sanchez-leon-amenaza-al-municipio-autonomo-de-san-juan-copala-y-ataca-a-la-seccion-xxii/
9. http://www.youtube.com/watch?v=nawR0FdxcTk&feature=related
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