Como un discurso estancado, calificaron desplazados de San Juan Copala los argumentos del actual gobierno, al asegurar que hasta el momento no han hecho nada por garantizar la seguridad en la zona, mientras decenas de familia aún permanecen fuera de sus hogares.
Lo anterior lo dio a conocer Reyna Martínez Flores, durante la realización del foro de este domingo, denominado “Por la Autonomía Indígena, Territorio, Agua, Recursos Minerales, Represión de Estado, Paramilitarismo y Militarismo”, en donde participaron diferentes organizaciones sociales.
Martínez Flores, representante de los desplazados, explicó que paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) de las comunidades de Rastrojo, Ladera, Cuyuchi, Paso del Águila así como de la Cieneguilla, se apoderaron de las viviendas de más de 750 familias desplazadas del municipio autónomo del que ellos son originarios.
Dijo que, el principal argumento que les ha dado el Gobierno del Estado para no retornar a su municipio, luego de la marcha caravana que realizaron a la ciudad de México, es que durante el 2009 y 2010, esta demarcación fue blanco de ataques entre grupos como el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la región Triqui (UBISORT), por lo que no está garantizada su seguridad.
“Mientras tanto, grupos de estas organizaciones ya se han apoderado de las tierras y las casas que abandonamos, no es posible que quienes solo llegaron a invadir la zona, ahora estén ocupando los hogares que con tanto trabajo les costó obtener a quienes verdaderamente son de esta comunidad”, señaló.
Por ello, dijo este domingo solicitaron al gobernador, Gabino Cué Monteagudo, a través de su intervención en el foro que se desarrolla a las afueras de la “casa del pueblo”, ofrezca una explicación a los habitantes de esta zona, que confían aún en que algún día podrán retornar a su comunidad de la que salieron por el miedo que vivían ante los enfrentamientos.
Solicitó también al Gobierno Federal, cumpla con las garantías constitucionales que les fueron otorgadas, así como con las medidas cautelares que les proporcionó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en torno a crear las condiciones para que los desplazados puedan retornar a su comunidad con seguridad.
Exigió en este mismo sentido, que los responsables de los hechos que han causado derramamiento de sangre en la comunidad, tanto material como intelectual, reciban el castigo que de acuerdo a la ley les corresponde.
Al tiempo que solicitó un alto a las amenazas, hostigamiento y represión del que son víctimas desde hace casi un año cuando fueron expulsados de la zona donde habitaban.
En el evento participaron representantes de “La Otra Campaña”, del Estado de Michoacan y Chiapas así como otras organizaciones indígenas coordinadas por Marco Albino Ortiz, representante de la Caravana “El Color de la Sangre”.
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