San Juan Copala, la comunidad triqui que ha sufrido recientemente el asesinato de 25 defensores de la autonomía, fue visitada el 9 de junio 2011 por una comisión del gobierno de Oaxaca para “diagnosticar las condiciones para el retorno de las familias desplazadas”, en cumplimiento de sus obligaciones tal y cómo fueron expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su resolución MC197-10.
Dicha delegación fue acompañada por la policía; pero, incluso con sus 200 efectivos, “la policía estatal no logró entrar hasta el municipio”, “al núcleo de la población”, dado que “aún persisten las condiciones de riesgo”, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
La Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), una organización paramilitar responsable de la toma violenta de la comunidad sitiándola con la fuerza de las armas y responsable de la masacre en 2010, había declarado públicamente con anterioridad que sus representantes (quienes desde entonces controlan la comunidad) son “neutrales” y que no iban “a distinguir a ningún grupo”, sino que permitirían a todos los triquis volver sin sufrir amenazas.
No obstante, recientemente el representante de la Ubisort amenaza que si el gobierno intenta cumplir con su responsabilidad de asegurar el retorno de los desplazados, “tales acciones emprendidas por el gobierno lo único que lograrán es que se desate una masacre en la comunidad en contra de los integrantes”, los desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Viento Nuevo, la organización de la que Jyri Jaakkola fue un miembro activo antes de ser asesinado cerca de San Juan Copala el 27 de abril de 2010, pide a las autoridades de Oaxaca y México que expliquen “¿cómo puede permitirse a los miembros de Ubisort –cuyo asedio paramilitar masacró a tanta gente del Municipio Autónomo de San Juan Copala– que permanezcan armados y que mantengan a toda la comunidad bajo su control e incluso realicen amenazas a través de los medios de comunicación de que puede ocurrir otra masacre de desplazados cuya seguridad ha de ser garantizada?”
El comité gubernamental que realizó una visita a las proximidades de la comunidad observó que “una limitación importante para la seguridad es la gran cantidad de armas que existen en la región”. “Todavía falta restituir algunos elementos en el tejido social que deben ser revisados y reconstruidos progresivamente antes de proceder con el retorno generalizado” de los desplazados.
A la vez que la Ubisort públicamente amenaza a las víctimas con la continuación de masacres, continúa diciendo que se puede dejar espacio a los desplazados para regresar si hay un acuerdo sobre las condiciones que convenga a la Ubisort.
Las víctimas desplazadas violentamente tienen, sin embargo, el derecho fundamental de volver a sus casas con seguridad, obteniendo justicia y la protección adecuada, incluso cuando aquellos que los desplazaron ilegalmente mediante la violencia no vean condiciones para ello.
Si los derechos humanos de las víctimas sólo pueden ser protegidos cómo y cuándo sea aceptado por los mismos que masacraron, desplazaron y capturaron a la comunidad, es evidente que el orden jurídico y el estado de derecho todavía no prevalecen en la zona.
El gobierno es ahora responsable de poner fin al dominio ilegal sobre San Juan Copala, y debe tomar las medidas necesarias para detener y enjuiciar a los responsables de los asesinatos, violaciones y desplazamientos forzosos. Más aún teniendo en cuenta que se está amenazando a la población con otra masacre si tratan de volver a sus hogares.
Viento Nuevo y Amigos de Jyri Jaakkola han enviado un llamado a las autoridades de México, Oaxaca, la Unión Europea y las Naciones Unidas para que se garanticen los derechos y la protección de las víctimas desplazadas y para que éstas puedan regresar de manera segura a sus casas de acuerdo con las exigencias de la CIDH y de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Puesto que muchas personas han quedado sin hogar a consecuencia de la violencia, que además ha arrebatado la vida de muchos miembros de la comunidad, algunos de los cuales aún tienen balas en sus cuerpos, la responsabilidad del Estado hacia sus derechos como víctimas desplazadas no se le puede negar al presentarlas como “seudo-víctimas seudo-desplazadas” o “paramilitares”.
Siempre y cuando los habitantes originales de la región continúen desplazados de su comunidad por violencia ilegal, cualquier intento de ocupar la zona para la explotación industrial sin su libre e informado consentimiento será una severa violación de sus derechos.
Hace poco más de un año, nuestro querido amigo Jyri Jaakkola fue asesinado a manos de los mismos paramilitares que ahora mantienen sitiado San Juan Copala, controlando la zona bajo la amenaza de la muerte y la violencia. Al día de hoy han sido asesinadas 25 personas por el sólo delito de defender pacíficamente su derecho a la tierra y la autonomía. Por todo esto, la intervención de observadores y autoridades internacionales en el proceso de monitoreo y conciliación podría ser de gran utilidad.
Viento Nuevo
Kirkkotie 6-10, 20540 Turku, Finlandia
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