21 mayo, 2011
Familiares de los activistas, la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, y el finlandés Jyri Jaakkola Antero, asesinados el 27 de abril del 2010 durante una caravana humanitaria a San Juan Copala por miembros de la Ubisort, aseguraron que la detención de su líder Rufino Juárez Hernández “manda un mensaje de confianza a todas las personas que han sufrido la violencia de este grupo paramilitar” y “abre una ventana para alcanzar la justicia negada y como consecuencia, la paz tan necesitada para todo el pueblo triqui y para toda la sociedad oaxaqueña”.
En una carta dirigida al gobernador Gabino Cué Monteagudo y al presidente Felipe Calderón Hinojosa, Omar Esparza Zárate, esposo de la mexicana, y Eeva-Leena y Raimo Jaakkola, padres del europeo, sostuvieron que Juárez Hernández ha sido señalado como el autor intelectual y material del ataque a la caravana donde no solo se cortó la vida a dos seres humanos sino que también “se marcó una afrenta al gobierno mexicano en términos de seguridad y justicia para las y los defensores de derechos humanos”.
Los señalamientos contra Juárez Hernández, “no solo son por ese cobarde ataque porque a lo largo de los 17 años de existencia del grupo paramilitar Ubisort, este personaje ha sido señalado e identificado como actor activo en cuando menos 25 asesinatos más, así como en otros actos de amenazas, violaciones y en diversas desapariciones”, señalaron.
Expusieron que muchos de esos casos se mantienen en la impunidad porque el gobierno mexicano “se ha negado a investigar y a proporcionar la seguridad para los testigos” y ante esto, “es importante que ahora mientras se encuentre detenido ese personaje se investigue su responsabilidad en todos y cada uno de esos casos”.
Destacaron que ahora el Poder Judicial de Oaxaca “debe terminar con este periodo obscuro de violencia e injusticia”, pues “está en sus manos el regresar la confianza a la ciudadanía quienes seguramente romperán sus miedos y acudirán a denunciar todos los crímenes cometidos por Juárez Hernández”.
También, demandaron a la Procuraduría General de la República “un mensaje no de reclamo ni de exigencia sino simplemente de justicia” y cumpla su compromiso resolver el caso y así no quede en la impunidad.
“Ya tienen los elementos para señalar a los responsables del ataque a la caravana humanitaria y para demostrar la responsabilidad del hoy detenido, tienen lo suficiente para castigar a los culpables del asesinato de nuestros queridos Bety y Jyri, háganlo”, asentaron.
Subrayaron que el gobierno de Oaxaca “ha iniciado con un claro ejemplo en esta senda de justicia” y ahora toca a la PGR “seguirlo y terminar definitivamente con esta lastimosa impunidad”.
“Es importante castigar conforme a la ley a quienes nos robaron la vida y la tranquilidad de nuestras familias, de las familias triquis y de aquellos que sufrieron por la violencia, por lo que se tiene que castigar con la ley a los actores materiales e intelectuales de estos crímenes”, terminaron.
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