Exigen seguridad para testigos en asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Publicado el 20 mayo, 2011 por Municipio Autónomo de San Juan Copala

Huajuapan de León, Oaxaca., 20 de mayo. El líder en la Mixteca del Movimiento Agrario Zapatista (MAIZ) y esposo de Beatriz Cariño –quien fue asesinada el 27 de abril de 2010 rumbo a San Juan Copala-, Omar Esparza Zárate, dio a conocer que junto con las organizaciones de derechos humanos en México y trás la visita del Parlamento Europeo, exigen al gobierno mexicano protección a los 19 testigos para que avancen las investigaciones.

Dijo que, desde el asesinato de los activistas que intentaron ingresar en una caravana humanitaria a la zona triqui, la Procuraduría General de la República (PGR) tomó el caso, sin embargo no hay avances, aun cuando el embajador de México en Europa dijo que generarían las condiciones y apoyo del gobierno federal.

Asimismo indicó que, el gobierno federal no ha creado ningún programa de protección a testigos con las adecuadas medidas, no sólo para el caso de Bety y Jyri, sino también para los casos relacionados con demás defensores de derechos humanos que han sido asesinados.

“En el caso de Bety la obstaculización que hace la PGR es para no aceptar testigos, eso puede ser por compromisos políticos que tengan con la clase política de Oaxaca; necesitamos protección para aquellos que sobrevivieron y del municipio autónomo que señalan a un sólo responsable no de uno sino de varios asesinatos”, señaló.

Dijo que, en la capital del estado se reunió con el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixa (Código DH), del Municipio Autónomo de San Juan Copala, el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos y MAIZ, coordinados por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), y concluyeron que la intervención del Parlamento Europeo genera una nueva exigencia para el avance de las investigaciones.

Finalmente agregó que con la tercera visita en México de de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, hay esperanzas de que el caso no quede impune, siempre y cuando las instancias correspondientes obliguen a la PGR para que avance en las investigaciones e incluso piden la destitución de los ministerios públicos que llevan el caso por mantener estancadas las investigaciones.